Auger garantiza que no hay etarras que puedan quedar libres por agotar la prisión preventiva.
El presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, dio ayer garantías al Consejo General del Poder Judicial de que, hoy por hoy, no hay riesgo de que el caso Matalaz -fuga de tres etarras pendientes de juicio- pueda repetirse. Según Auger, en la actualidad no hay terroristas que puedan salir en libertad por cumplirse el plazo máximo de cuatro años a que autoriza la ley para la prisión preventiva. Tras examinar las relaciones de presos que le han remitido los jueces centrales de instrucción y las distintas secciones de la Sala de lo Penal, Auger ha constatado que la mayoría de los autos de prisión provisional contra etarras fueron dictados en el último trimestre de 1994; es decir, hace sólo un año.
La alarma social desencadenada por la fuga de tres etarras del comando Matalaz llevó ayer al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, a rendir cuentas al Poder Judicial. En su opinión, "no se aprecia en ningún procedimiento que exista circunstancia alguna determinante de resoluciones de libertad provisional por transcurso de plazos máximos legales".A su vez, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Siro García, ha informado a Auger que el número de presos preventivos, relacionados con bandas armadas y que están pendientes de juicio es actualmente de 59, si se excluyen los que ya están cumpliendo condena por otras causas.
La Sección Primera Penal tiene ocho presos pendientes de juicio, aunque en todos los casos la vista ya ha sido convocada. La Sección Segunda tiene pendientes de juzgar a 24 presos, y la Tercera a 27. Algunos están condenados por otras causas, aunque no de manera firme, y siete de ellos aparecen en dos o tres procesos. En la relación no se incluyen los preventivos pendientes de recurso de casación o de notificación de sentencia.
El informe remitido ayer por el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, es consecuencia de la investigación abierta en el órgano de gobierno de los jueces para determinar si se produjeron dilaciones indebidas en el proceso seguido contra los miembros del comando Matalaz. Los cuatro integrantes del comando fueron excarcelados el pasado 9 de junio, al haber cumplido el máximo de cuatro años de prisión preventiva sin que se hubiera celebrado juicio. Tres de los activistas se dieron a la fuga.
Tras la denuncia en los medios de comunicación de la excarcelación de los presuntos etarras, la inspección del Poder Judicial abrió diligencias informativas. En ellas, los jueces que instruyeron el sumario y la Sección Segunda de lo penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgarlos, explicaron el porqué de las demoras y las causas que las motivaron. La inspección emitió un dictamen el pasado 12 de septiembre en el que concluía que no había ninguna irregularidad atribuible a los jueces y se aludía a una campana de prensa.
Inactividad
Una petición del vocal del consejo Javier Gómez de Liaño para que se investigasen las dilaciones habidas en la instrucción de éste y otros casos de terrorismo sólo contó con el apoyo de uno de sus compañeros. Sin embargo, Pascual Sala anunció la apertura de una nueva investigación para determinar las causas de las demoras. El Consejo señalaba que había encontrado "tiempos de inactividad" en el caso Matalaz que retrasaron su conclusión, por lo abría nuevas diligencias por si de ellas pudieran derivarse responsabilidades.Los tiempos de inactividad más significativos, según fuentes de la Audiencia, fueron los seis meses que el abogado de los presuntos etarras, Kepa Landa, tardó en presentar sus conclusiones provisionales, pese a que sólo disponía de cinco días, y los cuatro meses que empleó la secretaría de Gobierno de la Audiencia en hacer las fotocopias del sumario requeridas por el abogado.
La comunicación que Auger dirigió ayer al Poder Judicial no alude al caso Matalaz; se limita a subrayar que no hay en perspectiva situaciones singulares. En los últimos meses, siete presuntos etarras han sido excarcelados por cumplirse el plazo de la prisión preventiva, así como al menos cinco colaboradores de ETA y más de una docena de acusados por narcotráfico.
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