Un sospechoso del 'caso Lasa y Zabala' cobra una pensión oficial desde 1994

El ex sargento Enrique Dorado Villalobos, principal sospechoso del secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, cobra una pensión por inutilidad psicofísica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 1994, pese a que ha sido expulsado de la Guardia Civil. El destino del sargento, uno de los hombres de confianza del general Enrique Rodríguez Galindo en el cuartel de Intxaurrondo, fue objeto de una sorda pugna entre los responsables del Ministerio de Justicia e Interior, que propusieron su expulsión del cuerpo, y los de la Guardia Civil, que apoyaron la concesión de la pensión.

El entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, tomó una decisión salomónica y, a finales de mayo pasado, firmó simultáneamente los dos expedientes: el de separación del servicio y el de inutilidad, concediéndole una pensión con carácter retroactivo desde enero de 1994.El expediente por "pérdida de aptitudes psicofísicas" fue el primero en llegar al Ministerio de Defensa, procedente de la Dirección General de la Guardia Civil, a finales de 1993. Pese a que este tipo de expedientes se tramita habitualmente en seis meses, el de Dorado Villalobos, que alejaba padecer el síndrome del Norte por haber estado destinado en el País Vasco, se prolongó más allá de todos los plazos legales.

El pasado 24 de abril, cuando aún no estaba resuelto, el Ministerio de Justicia e Interior remitió al departamento de Defensa, del que depende la política de personal de la Guardia Civil por su carácter militar, otro expediente proponiendo la expulsión del cuerpo del sargento, sin derecho a retribución.

Esta propuesta se basaba en que Dorado Villalobos ha sido condenado tres veces: en 1989, por el robo a una tienda de Irún (Guipuzcoa); en 1992, por las torturas infringidas a Joaquín Olano; y en 1994, por soborno a un responsable fiscal de la Guardía Civil, para que relajase la vigilancia durante la descarga de un alijo de tabaco de contrabando. Esta última sentencia es la única derivada hasta ahora del llamado Informe Navajas, sobre presunta corrupción en el cuartel de Intxaurrondo.

El pasado 3 de marzo, el Consejo de Ministros indultó a dos guardias civiles condenados por el caso Olano [torturas a un ciudadano detenido por supuesta relación con ETA], pero el titular de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, no propuso la medida de gracia para Dorado Villalobos. Pocas semanas después, se remitió a Defensa su expediente de expulsión de la Guardia Civil.

A finales de mayo, en un único acto administrativo, García Vargas dio luz verde a los dos expedientes: el apoyado por la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, y el avalado por el director general de la Guardia Civil, Ferrán Cardenal. De acuerdo con los informes jurídicos del ministerio, la pensión de inutilidad se concedió a Dorado Villalobos con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 1994, supuestamente la fecha del dictamen del tribunal militar que acreditó su inutilidad psicofísica.

Posible recurso

El expediente, que según algunas fuentes presenta irregularidades, podría ser recurrido ante los tribunales por vía contencioso administrativa. A principios de agosto, fuentes del Ministerio de Defensa aseguraban que se encontraba todavía en estudio la concesión de la pensión al ex sargento.La trayectoria de Dorado Villalobos es paralela a la del agente Felipe Bayo Leal, sospechoso también de la muerte de Lasa y Zabala, quien fue expulsado de la Guardia Civil en 1987 y, no obstante, cobra una pensión por pérdida de aptitudes psicofisicas". Bayo, que formaba parte del grupo dirigido por su compañero, fue condenado igualmente por las torturas a Olano y por el robo a la tienda de Irún.

El contrabandista Luis Migueliz Txofo declaró en julio pasado al juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, instructor del sumario por el caso Lasa y Zabala, que Enrique Dorado Villalobos le había confesado su participacion en el secuestro y asesinato de los dos etarras.