Decaux dimite en Mobiliario Urbano tras las dudas por la adjudicación

, Jean Claude Decaux, de 58 años, dimitió el pasado 21 de septiembre de 1995 como consejero delegado de El Mobiliario Urbano, SA, sociedad matriz de la empresa con la que ganó el concurso de los chirimbolos en Madrid, Compañía Española del Mobiliario Urbano y Medio Ambiente (CEMUMASA). El cese de Decaux se produjo apenas una semana después de que el alcalde, José María Álvarez del Manzano del PP, enviase un escrito al Ministerio de Hacienda para preguntar si este empresario podía contratar con el Ayuntamiento (la Ley de Contratos del Estado impide otorgar concesiones a españoles o extranjeros condenados por sentencia firme, como es el caso de Decaux, penado por un tribunal belga en 1992 por un delito de soborno al alcalde de Lieja).

Decaux cede su puesto como consejero durante un periodo de cinco años a Robert Caudron, directivo en CEMUMASA. Con esta decisión, Decaux evita comprometer futuros contratos de El Mobiliario Urbano; pero permanece en CEMUMASA (formada expresamente para el concurso de Madrid por aquella empresa de capital francés y por otra española). A CEMUMASA no le afectaría una dimisión de su presidente porque su contrato con el Ayuntamiento ya se efectuó con Decaux en el cargo.

En cuanto a los cinco años, y a Falta de una explicación de la empresa -cuya portavoz se negó ayer a formular ningún comentario-, la clave parece residir, según juristas consultados, en el propio reglamento general de contratación, en su artículo 23 bis: "La prohibición de contratar se declarará mediante procedimiento [emprendido ya con la pregunta del alcalde a Hacienda], cuya resolución fijará expresamente la Administración a la que afecte y su duración, que en ningún caso podrá exceder de cinco años". Este plazo ha sido ampliado a un máximo de ocho años por la actual Ley de Contratos del Estado.

La consulta de Álvarez del Manzano a Hacienda se produjo a raíz de que se cuestionara la legalidad de la adjudicación de los chirimbolos al conocerse que Jean Claude Decaux fue condenado en 1992 por soborno y cohecho al alcalde de Lieja (Bélgica), el socialista Édouard Close (véase EL PAÍS del 13 de julio). Este hecho chocaba con la Ley de Contratos del Estado, que prohíbe que sean adjudicatarios quienes se hallan procesados o condenados precisamente por tales delitos.

Según las fuentes consultadas, con el cese de su cargo en El Mobiliario Urbano, Decaux se aparta estratégicamente de su principal empresa española para que ésta intente evitar el daño que le pueda causar una eventual incapacitación por Hacienda para contratar en el futuro, durante dicho plazo, con cualquier Administración pública en toda España. La rescisión del contrato de los chirimbolos, sin embargo, quedaría en manos del Ayuntamiento de Madrid por tratarse de un contrato ya celebrado.

Decaux no habría podido lograr contratos durante la tramitación del expediente. Según los juristas consultados, el espíritu de la ley marca que la Administración, a la hora de evitar los contratos con empresarios corruptos, no debe limitarse a verificar quiénes son los dueños formales de una firma, sino los reales, aunque actúen mediante terceros, ya que de otro modo se convertiría la Ley de Contratos del Estado en papel mojado. En consonancia con ese argumento, esta dimisión, por sí misma, no permitiría contratar con las administraciones públicas a la firma que hasta ahora dirigía este empresario.

El reglamento general de contratación también deja claro el siguiente extremo: "Mientras dure el procedimiento para esta declaración [de prohibición para contratar] el empresario sometido al mismo no podrá contratar con la Administración, estándose en definitiva a su resultado y computándose en su caso el plazo de prohibición a contar de la sentencia o resolución administrativa firme que dio origen al procedimiento".

Ocultamiento

Decaux, a tenor de su cese, parece haber seguido con mayor interés que el alcalde el expediente que el propio Álvarez del Manzano promovió ante Hacienda para la inhabilitación del empresario o, en su caso, la anulación del concurso de los chirimbolos. Este departamento ministerial emitió el pasado 9 (le octubre un informe en el que se apuntaban posibles elementos para una eventual anulación del contrato de los chirimbolos madrileños (véase EL PAÍS del domingo pasado). Los argumentos jurídicos que citaba el escrito ministerial para tal eventual rescisión se centraban en el presunto ocultamiento de la sentencia cuando se formalizó el contrato, y se solicitaba al Ayuntamiento que 'instruyera el correspondiente expediente, preceptivo para

que Hacienda pueda resolver sobre el veto a Decaux. Sin embargo, el alcalde ahora pretende desmarcarse de las conclusiones iniciales del expediente que él mismo abrió a instancias del PSOE, y afirma que no cabe anular el contrato a posteriori, ya que se causaría un grave daño a la empresa.

En cuanto a lo primero, Hacienda fue claro: se puede rescindir el contrato si se demuestra que CEMUMASA ocultó una sentencia que incapacitaba a su dueño para contratar con las administraciones españolas. Esta firma omitió tal hecho en el certificado que presentó al Ayuntamiento, según ha reconocido el propio alcalde en sus manifestaciones públicas. La única duda legal al inicio de esta controversia al respecto fue aclarada por Hacienda: una sentencia de cohecho emitida en Bélgica, "Estado miembro de la Unión Europea", sí tiene efectos jurídicos en España, en virtud de las directivas comunitarias.

Respecto al posible daño causado a una empresa por una rescisión de contrato, la ley no recoge nada que permita a un alcalde o cualquier otra autoridad pública desoír la ley en función del perjuicio económico causado a quien la violó al contratar.

"Daño inadecuado"

Pero lo más grave, según el PSOE, es que el alcalde ni siquiera tramite el expediente que él mismo abrió, ya que, cuando menos, debería seguir los pasos legales que le han sido requeridos por Hacienda: emisión de sendos informes por los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento, recabar el testimonio de la empresa de Decaux y requerir la sentencia que le condenó por cohecho y soborno. El alcalde, no obstante, declaró el pasado 24 de octubre que el contrato no puede anularse a posteriori porque provocaría "un daño inadecuado". Asimismo, evitó pronunciarse sobre si tramitará o no el expediente requerido por Hacienda.

Esta adjudicación del mobiliario urbano resultó polémica desde él principio, no sólo por cuestiones estéticas o de situación de los chirimbolos, sino también porque Jacques Chirac, ahora presidente de Francia y entonces alcalde de París, recomendó esta empresa mediante varias cartas a José María Aznar, presidente del PP.

El PSOE, en Madrid y Valencia, ha presentado sendas mociones para la apertura de un expediente encaminado a concluir en la anulación de los respectivos contratos de chirimbolos con las empresas de Decaux.