Una privatización bajo sospecha

, Cuando está a punto de cumplirse un año desde que el juez Juan Francisco Ramírez Barroso iniciara las investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de General Textil España, antigua Intelhorce, el caso entra en el Congreso de los Diputados. La comision, que se constituye hoy, estará presidida or el diputado de CiU José López de Lerma y sus vocales serán: José Luis Centella, de IU-IC; José María Chiquillo, del grupo, Mixto; Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del grupo Popular; Pablo Izquierdo Juárez, del grupo Popular; Paula Monzón Suárez, del grupo Coalición Canaria; José Félix Sáenz Lorenzo, del grupo Socia lista; María Dolores Sánchez LÓ pez, también del. grupo Socialista y Jon Zabalía, del PNV. La comisión tratará de depurar las responsabilidades políticas en uno de los capítulos más oscuros de la turbulenta historia de la fábrica malagueña: las condiciones en que sé vendió a Benorbe y Benservice, sociedades presididas por el empresario italiano Giovanni Orefici, bajo cuya gestión se produjo un fortísimo proceso de descapitalización en el que, según apreciación del juez, se cometieron hasta nueve delitos.

Orefici y su principal colaboradores ahogado sevillano José Manuel Muñiz, permanecen en prisión desde el pasado 8 de marzo. Según la denuncia que presentó la Dirección General de Patrimonio del Estado, en apenas 1.000 días las actuaciones de los nuevos gestores provocaron un "colapso absoluto" en la tesorería de la fábrica. Los informes de la Intervención General del Estado sostienen que Orefici desvió de Intelhorce de forma directa 4.278 millones y que le hizo perder otros 2.500 millones en operaciones de otras sociedades de su propiedad.

Benorbe y Benservice adquineron la fábrica el 4 de agosto de 1989.en condíciones ventajosas. El precio de la venta, que nunca pagaron, se fijó en 2.000 millones y el Estado suscribió. y desembolsó el mismo día de la transmisión una ampliación- de capital de 5.869 millones, además de los 1.727 millones que ya había aportado mes y medio antes. El mismo día de la firma de la escritura, los compradores utilizaron L800 millones del dinero recibido para contragarantizar el aval que el Estado le exigió para cerrar la operación.

En su defensa, Orefici y Muñiz sostienen que fueron estafados por el Estado y acusan al Gobierno de haberles adjudicado "con prisas" una empresa que tenía un expediente abierto por la Comí Slón Europea que, de hecho, se resolvió con una condena que obligó a devolver 4.409 millones de ayudas estatales. El exministro de Defensa Alberto Oliart, asesor es porádicode Intelhoree, ha reconocido que aconsejó a Orefici no realizar los pagos.

Altos cargos imputados

Mientras que lo ocurrido durante. la gestión privada seguirá siendo materia de investigación reservada exclusivamente para el juez, la comisión parlamentaria intentará averiguar dos cuestiones principales: cómo se produjo la privatización y cuál fue la. actuación del Gobierno una vez que los compradores empezaron a incumplir sus compromisos.

En el sumario del caso aparecen como imputados varios altos cargos de la administración. Principalmente el ex presidente de Improasa, José Miguel Moreno García, acusado de haber cobrado una comisión de al menos 15 millones de pesetas para favorecer la venta a Benarbe y Benservice. Imptoasa fue la encargada de realizar el cuaderno de ventas y de buscar un comprador para Intelhorce. Sostiene el juez que Moreno García -quien ha permanecido en prisión seis meses-, falseó, los informes y actuó en connivencia con Orefici y Muñiz.

La privatización de Intelhorce ofrece muchos aspectos oscuros. La oferta de Benorbe y Benservice era en efecto la más favorable de las tres ofertas presentadas. Era la aportación que exigía una menor aportación estatal (7.596 millones), la única que no planteaba una reducción de plantilla -la, fábrica tenía entonces 1.500 empleados- y la que ofrecía algo más. que un precio simbólico por las acciones. La Intervención del Estado aconsejó que se realizaran estudios más detallados sobre la solvencia de los compradores, ya que Benorbe y Benservice sólo tenían un capital social de 121 millones, no se dedicaban al sector textil y el principal accionista de Benorbe, Glendive International Limited, era una sociedad radicada en Gibraltar.

Según el entonces director general, de Patrimonio, Francisco, Zambrana, estos informes se pidieron a Improasa. Entre los que se aportaron figuraba uno en italiano que nunca llegó a traducirse, y jamás apareció uno del Banco de Crédito Industrial en el que se explicaba que ninguna de las dos empresas tenían tamaño ni fondos para hacer frente al desembolso, de capital al que se habían comprometido. Otro de los factores. a favor de la oferta de Benorbe y Bensevice era el supuesto respaldo del grupo Benetton, según reconoció ante el juez el ex ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga. Poco después de la venta se demostró que esta relación era falsa.

La comisión podría sacar a re lucir los casos de otras privatizaciones de los 80. Por sus trabajos de mediación, Improasa cobró a Patrimonio del Estado y también a la empresa que iba a privatizarse, práctica que según testimonios recogidos en el sumario era "habitual". Una intermediaria que trabajó por encargo de Moreno arcía en Francia, Erika Trojman, reconoció que cobró una comisión de 15 millones por su mediación para buscar omprador para, Intelhorce y que realizó trabajos similares en el caso de algunas empresas del grupo Rumasa, entre ellas William and Humbert.

Recursos sin fondo

El poco cuidado de la Administración llevó al juez a imputar malversación y prevaricación "por negligencia" al entonces director general del Patrimonio, Francisco Zambrana Chico, y, a su segundo, Miguel Ángel Herrera Chamorro. También está imputado por los mismos presuntos delitos el sucesor de Zambrana, Luis Alcaide, por la actuación de Patrimonio una vez acabada la privatización.

A pesar de que los compradores no cumplieron con sus compromisos de pago ni de ampliación de capital -el contrato les obligaba a desembolsar una de 2.000 millones-, Patrimonio siguió aportando fondos públicos a la empresa. De los 5.869 millones aportados por el Estado en el momento de la venta, 1.869 eran de libre disposición, pero el resto debían- entregarse en un programa de plazos en función del cumplimiento de una serie de objetivos. Alcaide declaró en su día ante el juez que los fondos se fueron liberando "de acuerdo con el contrato de compraventa", a pesar de que la otra parte lo había incumplido, y lo justificó porque las entregas eran a la empresa y no a los accionistas. Patrimonio admitió que los fondos fueran a cubrir deudas, posibilidad no recogida en el contrato, "en, interés por contribuir a la viabilidad de Intelhorce".

Además de la de Solchaga y de otros altos cargos de Economía y Hacienda, el PP ha anunciado que pedirá que en la comisión comparezca el presidente del Gobierno, Felipe González, como presidente del Consejo de Ministros que aprobó la venta en 1989. Entre 1989 y 1992 Intelhorce acumuló pérdidas de 24.249 millones. En abril de 1992, el Estado se hizo cargo de nuevo de la gestión de la fábrica y elaboró un plan de viabilidad que supuso la salida de 742 trabajadores y que acabó siendo ineficaz. En octubre de 1994 la empresa presentó un expediente suspensión de pagos.