El alcalde amenaza con una batalla legal contra el Gobierno para sacar de Ceuta a los inmigrantes

El conflicto de Ceuta sigue envenenado tras la batalla campal ocurrida el miércoles entre más de un centenar de inmigrantes ilegales y la policía. El presidente alcalde, Basilio Fernández, está empeñado en echar de la ciudad a estos extranjeros y amenaza con emprender una batalla legal contra el Gobierno, tras renunciar a otras medidas que pudieran incurrir en la ilegalidad. En total, 56 hombres que participaron en los incidentes ya han sido sacados de Ceuta: unos para ser internados en centros de acogida y otros en centros de detención; 132 más han sido alojados en un antiguo campamento del extrarradio.

El alcalde ceutí se muestra dispuesto a luchar contra el Gobierno aunque sea apoyando a los inmigrantes para que presenten denuncia ante la autoridad judicial "por posible confinamiento ilegal en Ceuta. Basilio Fernández dice: que pretende así garantizar "el derecho constitucional de las personas a la libre circulación por todo el territorio nacional".Izquierda Unida solicitará mañana que el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, comparezca en el Congreso para que explique los graves incidentes de Ceuta. IU quiere saber cómo se llegó a esa situación, después de las reiteradas advertencias formuladas por el Defensor del Pueblo para que se solucionara el problema de los 300 africanos.

SOS Racismo culpó ayer al Gobierno de no haber hecho nada ante la "situación insostenible" en que vivían estos inmigrantes. "Lejos de tratar de encontrar soluciones al problema, han optado por la vía policial, en cuyo brutal ataque han intervenido civiles, alentados por la actuación racista de las autoridades", señala SOS Racismo.

Esta organización también reprueba que las autoridades hayan dado a entender ya que el disparo que hirió al policía Antonio Arrebola fue realizado por un inmigrante, "aún después de tener fundadas sospechas" de que presumiblemente fue hecho desde unas viviendas militares.

UGT pide que se permita la entrada en la Península a la mayoría de los africanos congregados en Ceuta y exhorta al Gobiemo a que haga cumplir a Rabat los compromisos contraídos, en concreto el tratado suscrito con España para readmitir a los extranjeros que utilizan suelo, marroquí para saltar a España.

De los inmigrantes detenidos a raíz de la batalla campal del miércoles, 132 fueron trasladados a unas tiendas de campaña instaladas en un antiguo campamento juvenil de Calamocarro, aprovechando la oscuridad de la noche. Están en libertad, ya que éstos no participaron en los disturbios, y custodiados permamentemente por guardias civiles.

De los 168 que sí participaron en los incidentes, 36 salieron ayer de Ceuta a diversos centros de acogida de Andalucía -tras obtener un permiso de residencia para un año- y otros 20 a un centro de detención de extranjeros. Los restantes siguen confinados en una nave del muelle de Ceuta, a la espera de pasar a disposición judicial.

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