"Los jueces están ajenos a la crispación que hay en la sociedad"

José Manuel Martiarena, jefe de la policía autónoma vasca (la Ertzaintza) y número dos del departamento de Interior, está convencido de que HB participa de una estrategia en la que cada organización del entorno violento tiene un papel asignado, y pide a los jueces que apliquen otros parámetros a la hora de juzgar actuaciones y declaraciones que en su opinión no son aisladas. Reconoce que los jueces están al margen de la situación social del País Vasco. Sólo un magistrado, directamente implicado con la situación de los presos de ETA, ha sido amenazado en una sociedad en la que empresarios, políticos, policías y periodistas están en el ojo del huracán.Pregunta. ¿No le da la impresión de que HB se pasea con el balón por el área pequeña de su campo? Toda la semana advirtiendo que la contramanifestación del Buen Pastor era ilegal, que incluso les detendrían si incumplían, y, sin embargo , los de HB estuvieron allí.

Respuesta. Claro que sí, siempre lo hace, y además era previsible que después de haber mantenido una confrontación pública, algo tenían que hacer. Pero, por contra, la responsabilidad de la convocatoria estaba directamente identificada en la Mesa Nacional, y más concretamente en Rufino Etxebarria y José María Olarra. Si llega a haber incidentes, la responsabilidad civil, penal y administrativa hubiera sido de HB. Cuando buscan conflictos, las manifestaciones las convocan KAS o Gestoras, que no tienen ningún sustento legal. No obstante, vamos a remitir al juez un atestado con la identificación precisa de las personas que participaron en la contramanifestación ilegal.

P¿Qué espera de los jueces?

R. Que si hay responsabilidades penales actúen.

P. A Herri Batasuna le funciona la estrategia de actuaciones y declaraciones que bordean los límites de la legalidad. ¿Usted coincide con la jurisprudencia de que todo o casi todo el discurso de HB es crítica política?

R. Vemos que lo que hay ahí es una estrategia política y que hace tiempo que se han rebasado los límites razonables de la discrepancia de opinión y política. Sin embargo, son los jueces los que tienen que resolver porque eso sólo está contemplado en el plano penal.

P. Si los consideran responsables políticos de toda una ofensiva que se está saldando en la calle con numerosos heridos y miles de millones de pérdidas, ¿qué explicación tiene que judicialmente tenga escaso efecto?

R. Creo que [los jueces] deben aplicar otros parámetros, no quedarse solamente en la aplicación individual y en la del derecho de libertad de expresión. Hay otros planos, fundamentalmente en el tema de amenazas y de voluntad de incumplimiento legal, que se expresan con demasiada impunidad.

P. Cuando habla de amenazas ¿qué le sugiere que en la sociedad vasca sólo un juez esté en esa situación?

R. Pues posiblemente el que esta crispación que hay en la sociedad vasca no llega a los jueces, que están ajenos a esa situación. Los procedimientos son terriblemente largos, con lo cual no se involucran directamente. La propia ciudadanía no tiene la percepción de que se involucren y de que participen en la corrección de esta estrategia.

P. Pero sólo es una de las razones...

R. Un ejemplo es la toma de posesión de la última corporación de Hernani. Las imágenes recorrieron todos los medios de comunicación del país, con las agresiones que sufrieron los corporativos, los policías municipales, el alcalde... El proceso judicial está en mantillas. La sociedad entiende eso como una impunidad absoluta. Por lo tanto, los jueces no están inmersos en esta crispación social. Las amenazas de ese entramado se producen contra todos aquellos que se oponen a la estrategia de los violentos. Habría que mirar cómo, si pueden y si deben entrar los jueces. Porque lo cierto es que en este momento no lo hacen.

P. El PP exige más contundencia de la Ertzaintza contra quienes revientan las manifestaciones pacifistas. ¿Cuál es la frontera entre una actuación policial correcta y la socialmente explicable?

R. La policía no puede funcionar con el corazón caliente. En agosto, sólo en el País Vasco se han producido 3.500 manifestaciones, de las que sólo 410 han sido comunicadas. Todas las demás son ilícitas. Yo entiendo que la sociedad demande soluciones. Pero no pueden ser exclusivamente policiales.

P. Para una mayor eficacia es fundamental la conexión con otros bancos de datos policiales. Y, sin embargo, eso no existe...

R. Nosotros tenemos problemas porque el propio Estado tiene problemas. Creemos que la Secretaría de Estado de Interior debe coordinar toda la seguridad del Estado, y todavía en lo referente a bancos de datos no es así. Clarificado ese panorama, los problemas serán estrictamente técnicos. Llevamos trabajando desde 1994 en la conexión a los bancos de datos del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Nosotros queremos aportar todos nuestros datos y queremos ser usuarios de todos los que el Estado pone a disposición de la Junta de Seguridad. Pero el Estado no tiene una, sino dos bases de datos inconexas entre sí, sobre las que la Secretaría de Estado todavía no tiene el control. Y eso también lo tiene que resolver porque nuestro acceso se haría a través de ella.