El equipo de Conde desvió dinero negro a una cuenta del partido de Jordi Pujol

Banesto desvió, bajo la presidencia de Mario Conde, un talón por importe de 13,7 millones de pesetas a una cuenta de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), el partido que preside Jordi Pujol, según datos de entidades bancarias implicadas en esta operación. Según dichas fuentes, la cuenta estaba controlada por Albert Serra Hugas, ex tesorero de dicha formación e implicado en el caso Casinos, presunta vía de financiación irregular del partido. El supuesto desvío de fondos de Banesto a CDC se inscribe en la presunta estafa realizada por directivos de Banesto en la compra de terrenos y naves comerciales en Madrid y Guadalajara.

En dichas operaciones se generó dinero negro por valor de más de 1.500 millones. Precisamente, por esta fraudulenta maniobra bancaria la fiscalía de la Audiencia Nacional se querelló contra Fernando Garro, ex directivo de Banesto y hombre de confianza de Mario Conde.La operación para generar dinero negro en Banesto, en cuyo contexto se inscribe el talón desviado a una cuenta de CDC, se realizó mediante la compra de terrenos y locales entre marzo de 1989 y diciembre de 1990. Fernando Garro era entonces director general de Servicios y del Área Inmobiliaria de la entidad. Garro, considerado uno de los íntimos de Conde, se ocupó fundamentalmente en la entidad de asesorar al ex banquero en materia de imagen y de estrategia en medios de comunicación.

El mecanismo, en síntesis, consistió en escriturar la compra de locales a un precio sensiblemente inferior al que abonó el banco. Esta cobertura posibilitó, según fuentes al tanto de estas operaciones bancarias, emitir una multiplicidad de cheques con dinero negro tanto hacia los compradores como hacia otras personas físicas y jurídicas sin relación alguna con dicha operación inmobiliaria. La mayoría se extendieron a través del Banco del Progreso y Banco del Comercio.

Un talón de la primera entidad por un importe de 13.700.000 pesetas fue ingresado, precisamente, en noviembre de 1989 a la cuenta complenientaria de CDC, número 419/02/000289512, ubicada en la oficina de la Caixa situada en la calle Valencia de Barcelona. La persona que controlaba dicha cuenta era Albert Serra Hugas, entonces contable del partido de Pujol y de los Grupos Parlamentarios de CiU. Serra Hugas, aunque sigue vinculado al aparato de CDC, oficialmente dejó este puesto a raíz del Caso Casinos. En el caso Casinos, un directivo de la empresa Inverama, Jaime Sentís, acusó a Serra Hugas, entre otros miembros del aparato de CDC de haber recibido cheques al portador por importe aproximado a los 300 millones de pesetas. Serra Hugas negó los hechos.

La partida de 13,7 millones ingresada en una cuenta de CDC, de haberse tratado de una donación, tendría que haberse ajustado a los siguientes requisitos legales: una misma persona física o jurídica no puede aportar más de diez millones al año a un partido; tales donaciones deben ser ingresadas en cuentas dedicadas sólo a este cometido; las ayudas económicas no han de ser finalistas; y, en caso de sociedades, han de ser aprobadas por el órgano social competente. Varios de estos requisitos, en principio, parecen incumplidos en este caso, en la medida que se sobrepasó la cuantía y se ocultó al consejo de Banesto, según admiten fuentes próximas a. esta operación.

Apropiación indebida

La fiscalía de la Audiencia Nacional implica a Garro en un presunto delito de apropiación indebida y/o estafa relacionado con seis operaciones de compra de locales por parte de Banesto entre marzo de 1989 y diciembre de 1990. La compra más importante, por más de 730 millones de pesetas, se realizó en la localidad de Azuqueca de Henares (Guadalajara). El precio escriturado de los locales fue de 1.363,9 millones de pesetas, pero el realmente pagado por Banesto ascendió a 2.996,4 millones. La diferencia entre el precio contabilizado en la entidad y el realmente pagado (unos 1.600 millones de pesetas) acabó convertida en cheques al portador. En algunos casos, el sobreprecio fue a parar a los vendedores de los inmuebles.

Este hecho lo investiga la Agencia Tributaria. En otros casos, el sobreprecio se destinó a pagar estudios supuestamente ficticios realizados por varias sociedades, entre ellas Cimasa y Cimecon.

En su declaración ante el juez, Garro afirmó que todas las operaciones inmobiliarias bajo investigación contaron en su momento con la aprobación del entonces presidente del banco, Mario Conde. Éste, por su parte, aseguró en su declaración ante el magistrado que en su calidad de máximo responsable de la entidad no se ocupaba de tales detalles.