El Estado cancela el 60% de la deuda del ICO, que ahora debe 250.000 millones de pesetas

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) entra en una etapa nueva. La reestructuración del Instituto, planeada en el anteproyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de carácter social que acompaña al Presupuesto, se completa con la cancelación de una parte de la deuda del ICO con el Estado, de forma que será reducida, por compensación de los 350.000 millones que el Estado adeudaba al ICO, a 250.000 millones. La reforma del Instituto incluye la creación de un fondo de provisión, cuya cuantía no se conoce, pero que se pretende entre 20.000 y 30.000 millones, para provisionar créditos morosos y fallidos. El Instituto podrá captar fondos en el exterior sin el requisito de "retención fiscal en origen".

El ICO, a través de una compensación recíproca, cancelará parte de la deuda histórica que tiene con el Estado. El Instituto mantenía con el Estado una deuda de 600.000 millones de pesetas, mientras que el Estado adeudaba al ICO 350.000 millones, en concepto de diferencial de tipos de interés subvencionado para financiar operaciones de crisis industriales o compensar catástrofes meteorológicas. La compensación de ambas deudas reduce la deuda final del ICO con el Estado a 250.000 millones de pesetas, remunerada a un interés del 60%. Esta cancelación parcial de cargas financieras forma parte de la nueva etapa del ICO, regulada por la reestructuración que se introduce en el Instituto en el artículo 65 del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado. Esta reestructuración empieza por el reconocimiento legal de que el ICO "tiene naturaleza jurídica de Entidad de Crédito, que tendrá la consideración de Agencia Financiera del Estado".

Desde 1982

Los 350.000 millones que debe el Estado al ICO es deuda acumulada desde 1983, e incluye partidas tan significativas como 21.000 millones de pesetas para inundaciones y riadas; 6.000 millones para Galerías Preciados -que recibió además otros 5.000 millones puntualmente provisionados por el Gobierno-; 44.647 millones destinados a la salvación del sector de fertilizantes -FESA- Enfersa más Fertiberia, en tres años-; 87.000 millones para diversas reconversiones industriales o 12.000 millones para UGT más 17.000 millones para solucionar la quiebra de IGS.Como entidad de crédito, el ICO estará sujeto a la regulación impuesta por el Banco de España, pero no será controlado por la autoridad monetaria. Las instituciones de control sobre el ICO son el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado. Se excluye de sus actividades crediticias el que pueda captar depósitos al por menor.

La nueva regulación confirma las funciones ya conocidas de agencia financiera -encargada de financiar empresas en crisis y desastres varios, siempre con la compensación financiera del Estado- y de banco de desarrollo, también a las órdenes del Estado, pero en este caso con autonomía para definir las líneas financieras más adecuadas para cumplir los objetivos de política económica o industrial.

Pero el artículo 65 de la ley de acompañamiento establece abiertamente para el ICO la norma de 'equilibrio financiero' -no puede arrastrar pérdidas- como límite de las actividades que el Instituto puede afrontar en apoyo de las situaciones de crisis. Tal norma es el reconocimiento legal de la práctica financiera que ha regido las relaciones financieras entre el Estado y el Instituto: las operaciones de dudoso cobro o de elevado riesgo son provisionadas por el Estado".

Para delimitar precisamente este riesgo, "el Instituto de Crédito Oficial creará, con cargo a los recursos del préstamo del Estado ( ... ) un Fondo ( ... ) destinado a provisionar y cargar, con arreglo a las normas en vigor para las entidades de crédito, los importes correspondientes a créditos morosos y fallidos". Cuando la atención a las "graves crisis económicas o catástrofes naturales" rebase la cantidad provisionada por el Fondo, el Estado tendrá que recurrir a créditos extraordinarios.

Igualdad exterior

El Gobierno establecerá cada año como se dota el fondo -con aportaciones del Presupuesto, con beneficios del ICO, con una combinación de ambasrmulas- y determinará también su cuantía. Las estimaciones de fuentes autorizadas indican que es muy probable una dotación inicial de entre 20.000 y 30.000 millones de pesetas.

El Gobierno autoriza al ICO a financiarse en el exterior en igualdad de condiciones con otras emisiones. Es decir, podrá captar fondos fuera del territorio nacional con "el mismo régimen fiscal de la deuda del Estado", es decir, sin la obligación de practicar retenión fiscal en el origen de la emisión. Con esta decisión, el ICO estará en igualdad de condiciones que otras empresas públicas y privadas y podrá competir- en la captación de fondos.

El Instituto dispone anualmente de una capacidad de endeudamiento neto de 500.000 millones de pesetas (con aval del Estado). El coste medio de su pasivo es, como media este año, del 7,33% mientras que obtiene una remuneración media por su activo del 7,63%.