El Estado ofrece 2.000 millones para realojar chabolistas

VIENE DE LA PÁGINA 1Nuevas recetas para viejos problemas. El PP explicará hoy cuál es ese giro para el Consorcio del Realojamiento de la Población Marginada que ha venido anunciando desde que ganó las elecciones municipales y autonómicas de mayo. En esta jornada, Ayuntamiento, Comunidad y Delegación del Gobierno nombrarán oficialmente a los dos (en lugar de uno) nuevos gerentes de este organismo, Joaquín Gómez como director de Vivienda y Florencio Martín del Área Social.

Los deberes son abundantes. En Madrid hay unas 2.000 familias chabolistas. A 895, la mayoría gitanas, se les prometió una vivienda digna para 1991 y aún siguen en el chamizo. Otras 1.000, las llamadas ilegales, han construido su caseta después del censo de 1986 y con ellas no existe ningún compromiso.

Ayuntamiento y Comunidad deben decidir si van a actuar sólo con los legales o si también van a ofrecer alguna solución a los no censados, entre los que hay familias portuguesas (Pitis), magrebíes, (Peña Grande) y también gitanas (Cañada Real), con el agravante, en este último caso, de que fue el consistorio el que las llevó al páramo que ocupan.

También tienen que aclarar si, como lleva semanas anunciando, precisan elaborar un nuevo censo de chabolistas o si se arreglan con el que ha ido actualizando durante estos año s el Consorcio. La Delegación del Gobierno deberá decidir si va a aportar dinero para este programa, algo que no hace desde 1987.

Otro punto pendiente es determinar si se van a primar los realojamientos en pisos en altura o en campamentos de prefabricados.

Si cargan las tintas en los pisos, cada institución debe comprometer su aportación de viviendas. De 1993 a 1995 debían cederse 800 pisos para este programa y, hasta el verano, el consistorio sólo había concedido 129 y la Comunidad 69 viviendas y 82 prefabricados.

Si optan por seguir construyendo asentamientos, la tarea se complica, porque si el suelo está integrado en la población, los vecinos protestan, y si está aislado se convierte en un gueto.

En la anterior legislatura, el PP municipal y el PSOE, entonces en el gobierno autonómico, acordaron que el consistorio y el gobierno regional aportarían cada uno 500 millones de pesetas para comprar pisos y alquilárselos a los chabolistas. Ni una ni otra institución cumplieron el plan y, además, recientemente, el Ayuntamiento desvió la citada partida presupuestaria para pagar la expropiación de una gasolinera.