Pensiones realistas

EN 1990 el coeficiente que medía la proporción de jubilados en relación a personas en edad de trabajar era en España del 17%; dentro de 45 años la relación será del 42%. La situación es la misma en casi todos los países europeos, si bien en España se ve agravada por el alto porcentaje de paro. La inviabilidad del actual sistema de pensiones en todas las sociedades desarrolladas se debe ante todo a factores demográficos. Por una parte, el aumento de la esperanza de vida hace que las percepciones por jubilación absorban una porción creciente de la renta nacional; por otra, el retraso en la edad de entrada en el mercado laboral (la media ha pasado en poco tiempo de los 20 a los 24 años) y el paro reducen el número de cotizantes. Está claro que para evitar el colapso del sistema hay que cambiarlo.El estudio realizado por un grupo de expertos para la Fundación BBV, que se plasmará en un Libro Blanco del que estos días se ha ofrecido un avance, apuesta, por la reforma. La otra posibilidad, un cambio del actual sistema de reparto (las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones actuales) a otro de capitalización (cada generación de jubilados percibe lo que ha ido cotizando en su vida activa más los intereses generados) plantea problemas de difícil solución: o se sacrifica a varias generaciones o se provoca la ruina fiscal del Estado para cubrir ese vacío. El estudio en cuestión estima que el coste de la transformación de un sistema a. otro sería el equivalente a 2,5 veces el PIB, es decir, una cantidad imposible de financiar. Soluciones intermedias, con un procedimiento mixto, provocarían en cualquier caso un aumento considerable del déficit público: algo incompatible con las prioridades actuales de casi todos los países europeos.

La reforma debe ser urgente. Incluso con una perspectiva de crecimiento económico al ritmo actual, el desequilibrio financiero de la Seguridad Social añadiría en el año 2000 dos puntos (en porcentaje del PIB) al déficit: eso en tan sólo cuatro años. Entre las reformas planteadas por los expertos figuran el retraso voluntario de la edad de jubilación hasta los 70 años y el reforzamiento del criterio de proporcionalidad entre lo cotizado y lo percibido. Una posibilidad estudiada es la de fijar la cuantía de la pensión en función de los sueldos de toda la vida laboral, o de los últimos 30 años anteriores a la jubilación, y no, como en la actualidad, de los 15 últimos años.

El retraso en la edad de jubilación busca el doble efecto de reducir el periodo de percepción y aumentar el de cotización. La experiencia indica que, contra lo que creen algunos empresarios, la edad no siempre es un factor negativo para la eficacia del trabajador. Esto es evidente en profesiones liberales como la enseñanza, medicina de familia, abogacía y otras. Pero la tendencia de los últimos 15 o 20 años ha sido la de zanjar las reconversiones de empresas o sectores mediante el expediente de las jubilaciones anticipadas. En Francia, por ejemplo, sólo el 14% de los hombres entre 60 y 64 años sigue en activo.

Y, sin embargo, también está claro que esa prolongación de la vida laboral se convertiría en un factor disuasorio de la contratación de jóvenes, lo que a su vez plantea otros graves problemas. Como en toda reforma, se trata de encontrar un equilibrio, y para ello hay que debatir. Algunos interpretaron el famoso Pacto de Toledo como un compromiso en función del cual bastaba no hablar de la crisis del sistema de pensiones para garantizar su solvencia. Pero eso es confundir los pactos con los escapularios.