El Congreso suprime la pena de muerte en tiempo de guerra

Treinta artículos del Código Penal Militar vigente contienen referencias a la pena de muerte. El Congreso de los Diputados aprobó ayer la abolición de este castigo límite en tiempo de guerra con 303 votos a favor y una abstención -con toda probabilidad un error- y en medio de un clima de unanimidad que llevó a la Cámara el eco de viejos principios reivindicativos.

Quizá por ello el portavoz socialista, Jordi Solé Tura, anunció al subirse a la tribuna que lo hacía "con cierta emoción".El texto legal provenía de una proposición de ley que en su día refrendaron todos los grupos y que, en consecuencia, siguió manteniendo la unanimidad de la Cámara.

Solé Tura pronunció un discurso emotivo en el que llegó a decir que "a la muerte no se la puede combatir con la muerte" tras haber señalado que en nuestro país son los terroristas los únicos que siguen aplicando este castigo inhumano.

El portavoz del PSOE llegó a plantear que será necesario algún día reformar la Constitución, que permite la pena de muerte en tiempo de guerra, para "no dejar resquicios ante eventualidades del futuro".

Diego López Garrido, en nombre de IU-IC, recordó que nos situamos en el grupo de unos 40 países que han decidido abolir por completo la pena de muerte y tuvo un recordatorio para las últimas ejecuciones en los estertores del franquismo. Emilio Olabarría, del PNV, insistió en la idea de que España se convierte en un país abolicionista y explicó lo que llamó ilegalidad de algunos preceptos constitucionales que se refieren a la pena de muerte. Jordi Casas, en nombre de CiU, retomó la idea de la abolición de la pena de muerte en el conjunto internacional para asegurar que la proposición de ley coloca a nuestro país "entre los más progresistas del mundo".

Luis Mardones, por Coalición Canaria, hizo un canto a la unanimidad de las fuerzas políticas sobre este extremo, y el representante del Grupo Popular, Ignacio Gil Lázaro, se felicitó por la aprobación del texto legal y lo justificó jurídicamente como "la renuncia a admitir excepcionalidades jurídicas".

El texto deberá ser remitido al Senado, que, si no introduce modificaciones, dejará lista la reforma para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y entrar en vigor inmediatamente.