El Gobierno niega haber influido para que Repsol contratara a Perote

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó ayer en el pleno del Congreso que el Ejecutivo haya tenido algo que ver con la contratación del coronel Juán Alberto Perote, ex número dos del Cesid, como jefe de seguridad de la empresa pública Repsol "porque el Gobierno no tiene ninguna competencia al respecto".Pérez Rubalcaba contestó una pregunta del diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, que quería saber por qué el Gobierno "consintió" el nombramiento. El ministro explicó que, según una información de Repsol que recibió ayer mismo, la empresa firmó en 1992 un contrato con Perote a través de la empresa ZPA Servicio de Informes Técnicos por un importe anual de 3.600.000 pesetas y con vigencia hasta el próximo día 30. Gil Lázaro no se dio por satisfecho y aseguró que no era creíble la neutralidad del Gobierno en este asunto.

Asesoría de Manglano

También en el pleno de ayer, el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, respondió al diputado popular Francisco González sobre la continuidad del teniente general Emilio Alonso Manglano, ex director del Césid, como asesor de su departamento.

El ministro dijo que, efectivamente, deseaba aprovechar los grandes conocimientos de política internacional del teniente general Alonso Manglano y negó con énfasis algunas insinuaciones del diputado al afirmar que "no hay nada que ocultar" y que "no hay nada que pagar al general Manglano". Suárez Pertierra rechazó así la insinuación de que el puesto de asesor suponga una recompensa a Manglano por algún servicio prestado al Ejecutivo.

En la misma sesión, el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, aseguró que, en contra de lo publicado en una reciente entrevista suya en el diario Abc, no pedirá la dimisión de Felipe González si se envía al Congreso el suplicatorio del ex ministro de Interior José Barrionuevo, porque tampoco solicitó que José María Aznar renunciase a nada cuando Miguel Pérez Villar, ex consejero de Economía y Hacienda en su Gobierno de Castilla y León, fue condenado por el Tribunal Supremo.