"El chantaje puede enquistarse en el Estado", según Jueces para la Democracia

Las "estructuras del chantaje" pueden sobrevivir a los cambios de Gobierno y convertirse en una "sociedad negra" que condicione ilegítimamente el poder político. Es la advertencia de Jueces para la Democracia, formulada ayer por su portavoz, José Antonio Alonso, en Santiago de Compostela, donde se reunió durante dos días la dirección de esta asociación, progresista y minoritaria. Alonso sospecha que "sectores conservadores" intentan aplazar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), prevista para noviembre, a la espera de que las elecciones cambien la composición del Parlamento, que elige a sus miembros.

Los acontecimientos de los últimos días han demostrado, según Alonso, la "enorme debilidad institucional" que aqueja a España, tras haberse comprobado que "se pueden crear estructuras de chantaje al poder legítimo por parte de personas que no tienen ese poder legítimamente".El portavoz de Jueces para la Democracia expresó el "desconcierto e inquietud" que han suscitado entre los jueces progresistas las noticias sobre el supuesto chantaje al Gobierno por parte de Mario Conde y sus colaboradores, sobre todo por el peligro de que esas fuerzas aparentemente ocultas "puedan enquistarse en el Estado e influir de modo permanente" en los gobiernos elegidos por los ciudadanos.

Agentes encubiertos

"Agentes políticos encubiertos, bajo el amparo de derechos constitucionales, juegan a una cosa distinta, que es la toma del poder político por vías ajenas a la democracia", insistió Alonso.El portavoz de la asociación judicial pidió con vehemencia que el Gobierno resista a los chantajes y denuncie ante los tribunales cualquier maniobra de esas características. "El poder legítimo en ningún caso puede ceder a las presiones de esa sociedad bastante oscura y bastante negra", indicó Alonso, quien agregó: "En los últimos años, en este país se han conquistado amplios espacios de libertad y eso no se puede tirar por la borda".

Ante las noticias sobre los intentos de Conde para arrebatar el caso Banesto al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y entregar su instrucción a Miguel Moreiras, Alonso resaltó que en España los jueces son "inamovibles y no pueden ser removidos". Los jueces en nuestro país son independientes. No sólo en la formulación constitucional, sino que tienen garantías para ejercer su independencia", afirmó.

El enorme protagonismo que ha asumido en España el poder judicial no es achacable a los propios magistrados, según Alonso, sino a una situación en la que "se han mezclado y confundido de modo escandaloso las responsabilidades políticas y judiciales".

El comité permanente, máximo órgano entre congresos, de Jueces para la Democracia, también expresó sus "serias sospechas" de que "sectores conservadores" de los ámbitos "judicial y político" tratan de evitar que el próximo mes de noviembre se renueven los 20 miembros del CGPJ, a la espera de que haya "una situación política más beneficiosa", en alusión a un eventual triunfo del PP en las próximas elecciones generales.

Los consejeros del Poder Judicial son designados por el Parlamento, aunque Alonso destacó que este sistema está "pervertido históricamente" en España, ya que, en su opinión, los diputados se limitan a votar a los candidatos propuestos por las direcciones de los partidos.

El portavoz de los magistrados progresistas recordó que la ley prevé un mandato de cinco anos para los miembros del CGPJ, precisamente para evitar que coincidan con la duración de las legislaturas del Parlamento, por lo que resultaría una "deslealtad" esperar a las elecciones para su renovación. Alonso recordó la "trascendencia política" de las atribuciones del CGPJ, entre las que citó el nombramiento de los magistrados del Supremo.