Chilena o británica

Hoy quiero aburrirles. Apartemos la mirada de los abrazos sicilianos entre un pseudo aristócrata engominado y Felipe Craxi o entre la rosa de los estafadores y Jordi Andreotti. Analicemos un problema verdadero, es decir, uno que no cede ante las medidas rápidas y políticas. Las riadas que amenazan con arrastrar nuestro sistema de pensiones en el siglo venidero exigen la construcción de un cauce alternativo.En todos los países de la UE los gastos de protección social siguen aumentando en términos absolutos y como proporción del PIB. Los comunitarios gastamos ahora más de un cuarto de nuestro producto en paro, salud y pensiones, 10 puntos porcentuales más al menos que la OCDE; como Japón, los EE UU o Nueva Zelanda, que no han suscrito la bendita Carta Social de Maastricht. Sin embargo, pese a tal chorro de dinero y a la mucha mayor prosperidad de que gozamos los europeos, pobres y ricos, ese gasto nos parece insuficiente y, al tiempo, lo adivinamos insostenible.

Las pensiones públicas absorben más de la mitad del gasto social en los países de la UE. La mayor esperanza de vida y la caída de la natalidad causan un envejecimiento imparable de las poblaciones. Casi todos los países que mantienen sistemas de pensiones públicos no capitalizados, de puro reparto; y prometen ligar la pensión a los ingresos durante la vida de trabajo; casi todos esos países, digo, están atrapados en una dolorosa pinza: o suben los impuestos y cotizaciones, o reducen las pensiones y servicios sociales. Casi todos los países europeos, digo, pues hay uno, el pobre, conocido por su insolidaridad ante el fenómeno europeo, que se inclinó por la capitalización de las pensiones obligatorias: el Reino Unido. Los demás países europeos tienen que elegir entre dos soluciones: la rápida a la chilena y la evolutiva, a la británica. En el Reino Unido, como en los demás países de la OCDE, y como en Chile, el Estado garantiza una pensión mínima no contributiva a los ancianos pobres. Nadie propone suprimir esta red de seguridad. En 1978, los británicos crearon un Sistema Público de Pensiones Relacionadas con los Ingresos (SERPS) que, y esto es lo importante, permitía a los trabajadores salirse de él si el fondo de pensiones de la empresa o una sociedad de seguros les garantizaba prestaciones mejores. Los individuos podían contract out, expresión fundamentalmente liberal, pues la libertad consiste precisamente en que no le prohíban a uno acordar contratos más convenientes. Desde 1989 el cobro de una pensión no depende de que uno deje de trabajar.

La posibilidad de salirse del sistema estatal ha contribuido a transformar el mundo de las pensiones en el Reino Unido en el sector de protección social más capitalizado de la UE. Quienes contratan su obligación de ahorrar para una pensión con un fondo privado o con su empresa pueden hacerlo sobre la base de prestaciones fijas o contribuciones fijas, pero siempre capitalizando su ahorro para que, al retiro, puedan comprar una pensión vitalicia en el sector de los seguros privados. La posibilidad de seguir trabajando aunque uno haya transformado su capital así ahorrado en una pensión corta el trauma de la inactividad obligatoria, reduce los costes salariales y por tanto aumenta el empleo. En 1980, los franceses redujeron la edad del retiro a 60 años para hombres y mujeres, con el objeto de reducir el paro: no sabían que el empleo nace del empleo, y así les ha ido.

La diferencia entre la privatización chilena de las pensiones obligatorias y la realizada por los thatcheritas consiste en la velocidad de transformación y la distribución del coste a lo largo de los años. El ministro Piñera en Chile decidió hacerlo de un golpe: el Estado reconocía a cuantos habían contribuido a la Seguridad Social un bono equivalente a lo que habrían ahorrado si se hubiera acumulado en un fondo; con ese bono y sus futuros ahorros podían acudir a un fondo privado para ahorrar para su pensión. Thatcher y sus ministros prefirieron no reconocer ninguna deuda, pero dejar al mercado que ofreciera a los trabajadores las pensiones óptimas, dados los años que les quedaban de empleo, ampliables por otra parte: así abandonarían el SERPS los mayores más productivos y casi todos los jóvenes. Para reducir el coste futuro de las pensiones futuras de los mayores menos productivos, mi buen amigo Peter Lilley ha elevado la edad del retiro de las mujeres de 60 a 65 años para igualarlas a los hombres.

Me gustaría saber por fin qué piensan hacer los populares cuando Felipe vuelva a acusarles de que quieren reducir las pensiones. Si quieren apuntarse al quebrado sistema actual. Que no me digan que puede haber una estafa como la de Maxwell en un sistema de pensiones privado: lo de Maxwell se ha resuelto y no hay peor estafa que la de una hiperinflación a la argentina porque el Estado ya no puede pagar.