El abogado de Conde dice que el Gobierno admitió que la intervención de Banesto fue un error

Jesús Santaella, abogado del ex banquero ario Conde y del ex espía Juan Alberto Perote, negó ayer que haya chantajeado al Gobierno, con la difusión de documentos secretos y emplazó al ministro de la Presidencia, Alfredo, Pérez Rubalcaba, a ratificar sus palabras. Según la sorprendente versión ofrecida por el abogado, el Gobierno se puso en contacto con él para reconocer que la intervención de Banesto fue un error y para reparar, con 14.000 millones de pesetas, a su cliente Mario Conde; sin pedir nada a cambio, pues Perote no tendría en su poder ningún documento comprometedor del Cesid.

Ante la incredulidad que su relato provocó entre los periodistas reunidos en la Asociación de la Prensa de Madrid -de cuyo cuadro jurídico es decano Santaella y a la que abonó 75.000 pesetas por el alquiler del local- el abogado replicó que le no correspondía a él explicar el propósito del Gobierno al mostrarse tan generoso con Mario Conde. Cuando se le insistió en que no resulta verosímil que se ofrezcan 14.000 millones sin contrapartida alguna, se remitió al comunicado leído al inicio de la conferencia de prensa, en el que reconocia que se le pidió su colaboración "para evitar que, de existir documentos sensibles fuera del control del Gobierno, pudiesen ser reintegrados a su origen". Es de suponer que, por lo precipitado de la redacción, cometió un lapsus y que lo se quería no era "evitar" sino "lograr" la devolución de los documentos.

Santaella empezó anunciando que Pérez Rubalcaba desmentiría de inmediato que haya existido "chantaje, coacción o amenaza" por su parte y expresó, anticipadamente, su "agradecimiento personal" por una declaración que aún no se había producido.

Aunque Santaella no lo citó dio a entender que lo sabía por que se lo había dicho el ministro de Justicia e Interior, Juan Al berto Belloch. Fue el propio Belloch, y no Rubalcaba, quien horas después hizo el desmentido anunciado por Santaella.

El abogado se manifestó también en términos elogiosos hacia el ex ministro de Interior José Barrionuevo, quien, protagonizó la primera reunión con Conde el 24 de febrero y por el que dijo sentir un "profundo afecto". Al ser preguntado si es cierto que entregó a Barrionuevo un listado con los documentos secretos sustraidos del Cesid, Santaella se negó a contestar y remitió a lo que pudiera decir Barrionuevo.

A iniciativa del Gobierno

El defensor de Conde y Perote aseguró que todos los contactos se habían producido a iniciativa del Gobierno, "una vez reconocido desde esa instancia que fue un error el acto de intervención [de Banesto] y la posterior persecución judicial penal" de Conde.

Sin embargo, en su propio comunicado, reconocía Santaella que solicitó la entrevista mantenida con Belloch el 11 de abril, que erroneamente situó en marzo. Por su parte, Adolfo Suárez negó que el Gobierno le pidiese tramitar la reunión que, el 23 de junio, se produjo en La Moncloa entre el abogado y Felipe González e indicó que, por el contrario, fue Santaella quien la solicitó.

Según la versión de Santaella, el presidente del Gobierno le "reconoció [el 23 de junio] el error cometido con el señor Conde, si bien señaló, que el señor Conde había actuado en contra del Partido Socialista". Belloch, porsu parte, le habría dicho el 11 de abril que compartía su tesis "acerca de la ilegalidad del nombramiento de García Castellón" y se habría ofrecido a evitar que se prolongara su nombramiento como juez del caso Banesto, lo que finalmente no se evitó.

Belloch le habría ofrecido también, según Santaella, "fórmulas económicas, compensatorias que serían diseñadas por el, señor Zabalza, entonces director del Gabinete de Presidencia del Gobierno". El abogado agregó que, aunque no se precisó la cifra, el valor de las acciones de Banesto que poseía Conde antes de la intervención ascendía a 14.000 millones de pesetas.

Santalla aseguró, por último, que Belloch le anunció "anticipadamente [... ] la revocación de la prisión incondicional del coronel Perote", sugiriendo que esta decisión del Tribunal Militar Central fue inducida por el Gobierno, y que, desde el 23 de junio hasta el pasado 1 de septiembre, cuando se rompieron las conversaciones, sus interlocutores fueron el secretario general de la Presidencia, José Enrique Serrano, y el secretario general del Cesid, Jesús del Olmo.