Sala critica las "advertencias" del PP al Supremo

El presidente del Supremo, Pascual Sala, lamentó ayer, durante el acto de apertura del año judicial presidido por el rey Juan Carlos, que la confrontación política discurra en función de las actuaciones judiciales y criticó las recientes "advertencias y admoniciones" dirigidas al alto tribunal por el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, cuyo nombre no citó. El presidente del Gobierno, Felipe González, que aceptó la invitación del Supremo para inaugurar sus rehabilitadas dependencias, dio plena satisfacción a la expectación levantada por su presencia tras el traspaso a esta jurisdicción del caso GAL: estrechó la mano al instructor, Eduardo Moner, vistió su toga de abogado e incluso echó un vistazo a la sala donde eventualmente debería ser juzgado.

La queja del presidente del Supremo sobre los cauces por los que está discurriendo la confrontación política tuvo la inmediata contrarréplica del PP, cuyo responsable de Justicia, Federico Trillo, atribuyó la situación al "felipismo", del que dijo que "ha fijado una nueva doctrina de confusión entre las responsabilidades políticas y las judiciales".La diputada de IU Rosa Aguilar dijo que Sala debería haber puesto "nombre y apellidos" a sus críticas. "Hay partidos que presionan a los jueces y otros que exigimos lo contrario", añadió.

Aunque sin nombrarles, las referencias de Sala a Álvarez Cascos, y también al vicepresidente del Poder Judicial, José Luis Manzanares, no pudieron ser más elocuentes. Atribuyó al primero, utilizando sus propias palabras, las "advertencias" sobre "el prestigio del Poder Judicial" si no se adoptan determinadas decisiones.

Lamentó después las declaraciones de personas del "propio círculo judicial", en clara referencia a Manzanares, que "insinúan juicios dé valor sobre la culpabilidad de personas afectadas por actuaciones procesales en curso, superando incluso la crítica de dirigentes políticos".

Manzanares, que fue designado a propuesta del PP, dijo no sentirse aludido. Para demostrarlo, reiteró que el secretario de organización del PSOE, Cipriá Ciscar, y otras personas de ese partido "defienden a los presuntos asesinos o presuntos secuestradores, como es normal cuando cualquier persona tiene problemas y los que están alrededor le amparan".

En sus respectivos discursos de apertura, Sala y el fiscal general del Estado, Carlos Granados, se congratularon de que fracasara el intento terrorista de atentar contra el Rey.

Sala reclamó para el Supremo un estatuto que le permita satisfacer su cometido constitucional de interpretar uniformemente las leyes. Según el presidente del Supremo, "lo que más puede arruinar la confianza de los ciudadanos en la Justicia es la imprevisibilidad de sus soluciones o, lo que es peor, la apariencia de arbitrariedad de los encargados de realizarla".

Frente a las "advertencias y admoniciones" al Poder Judicial.

Sala evocó los perfiles de la presunción de inocencia, la pureza de las pruebas y la proporcionalidad en la utilización de la prisión provisional.

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, destacó en su discurso, como retos prioritarios para los físcales, la nueva Ley del Jurado, la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción y el nuevo Código Penal. Granados señaló que, con la implantación del jurado, habrá que cuidar que las audiencias "no constituyan cuellos de botella en la marcha y funcionamiento de las causas con jurado".

El fiscal general atribuyó la creación de la Fiscalía Anticorrupción a "acontecimientos recientes de indudable gravedad en los que se han visto implicadas personas destacadas del mundo de las finanzas, la política y la Administración".

González siguió la ceremonia, a la que asistía por primera vez, desde un sillón especialmente dispuesto al frente de todos los invitados, como primer representante del Ejecutivo. El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, se situó a la izquierda del Rey "siguiendo la costumbre", informaron fuentes del Supremo.

A su llegada, González saludó a los 12 magistrados de la sala de gobierno, entre ellos al presidente de la Sala Segunda, Fernando Cotta, y al instructor del caso GAL, Eduardo Moner. Al acto asistieron los presidentes de los tribunales supremos de países la UE, invitados a la ceremonia.