Izquierda Unida lleva el escándalo de los 'chirimbolos' a los tribunales

El grupo, municipal de Izquierda Unida no está dispuesta a enterrar el hacha de guerra contra los chirimbolos y anuncia ayer que presentará un recurso para que los jueces se pronuncien respecto a la adjudicación del concurso del mobiliario urbano de Madrid a Cemumasa..Esta empresa formada por una sociedad española y otra francesa está presidida por Jean Claude De caux, quien fue condenado a un año de cárcel en Bélgica (no llegó a ingresar en prisión ,y pagó la multa correspondiente) por haber sobornado al alcalde de Lieja. La Ley de Procedimiento Administrativo impide que las administraciones públicas contraten con personas, españolas o extranjeras, condenadas por soborno o cohecho Izquierda Unida ha solicitado ya a sus compañeros eurodiputados que recaben en Bruselas toda la información relativa al proceso contra Jean Claude Decaux. Herrera se quejó de que el alcalde, José María Álvarez del Manzano, del PP, no haya enviado todavía al Consejo de Estado y al Ministerio de Economía la documentación referente al contrato de los chirimbolos para que emitan su dictamen, tal y como quedó comprometido en el pleno del 28 de julio

Álvarez del Manzano (quien en reiteradas ocasiones se ha declarado contrario a la judicialización de la vida política) explica que se trató ese asunto, entre otros pendientes, en la reunión de portavoces municipales del lunes pasado, y que en ella explicó suficientemente que aún no se ha tramitado el papeleo por las vacaciones del secretario general del Ayuntamiento y sus colaboradores. El alcalde de Madrid había dicho en el pleno: "No comparto el criterio de ir al Ministerio de Economía pero lo haré". Ayer reiteró su promesa.

IU insiste en llevar al alcalde a los tribunales, a pesar de haber perdido ya dos procesos.

Izquierda Unida añade además un par de leños al rescoldo de la polémica. Según sus informes, la empresa "impone" al Ayuntamiento que para decidir la eventual prórroga del contrato se designará a un técnico municipal y a un experto de la propia empresa. En caso de conflicto, un tercer experto "cuya capacidad esté reconocida a nivel de la Comunidad Europea" decidirá sobre la extensión del contrato. El pliego de condiciones establece 15 años de vigencia de la adjudicación más dos posibles prórrogas de tres anos: 21 como máximo.

El hecho de que una persona ajena al Ayuntamiento decida sobre un asunto administrativo que afecta a la vida municipal es inaudito. El alcalde manifestó ayer su extrañeza por esa cláusula, que desconocía, y por tanto no pudo confirmar ni negar su existencia. Tampoco EL PAÍS pudo verificar ayer con los técnicos municipales ese extremo.

La luz, del 'tiovivo'

El análisis de los documentos de la adjudicación concluye además que el consumo electrico de los cachivaches de Cemumasa (para su iluminación y para hacerlos girar sobre sí mismos) costará al Ayuntamiento 25 millones de pesetas más de lo debido cada año.

El pliego de condiciones establecía que el coste del suministro correría a cargo del Ayuntamiento, "si bien el licitador deberá proponer una compensación de los mismos, bien como incremento del canon o en la forma que estime oportuna". Izquierda Unida afirma que el canon que paga Cemumasa (5,2 millones al año) incluye el consumo eléctrico. Pero la coalición calcula que los chirimbolos se beben 30 millones de pesetas en kilovatios. Herrera especifica que esa cifra se ha obtenido consultando a empresas del sector. "Es una cifra solvente, pero obviamente aproximada", matiza.

El informe de la coalición recoge también otras supuestas iregularidades y acusaciones, algunas ya conocidas: Cemumasa se constituyó, como empresa sólo 15 días antes de la fecha de presentación a concurso y no tenía entonces ningún empleado; las instalaciones eléctricas incumplen la normativa vigente (por estar, más cercanas la superficie de lo establecido);la oferta económica es "confusa, inconcreta y ha sido utilizada sesgadamente para obtener de sus recovecos la máxima puntuación".

Herrera anunció que la semana que viene se constituirá la comisión de vigilancia de la contratación paralela que IU promueve tras renunciar a participar en la oficial en protesta porque no Se le concedió su presidencia. Esa comisión alternativa tendrá como primer cometido estudiar la adjudicación de los chirimbolos.

Victorias legales

El alcalde ha salido hasta el momento victorioso de todas las batallas legales que le ha declarado la oposición. Izquierda Unida planteó recurso contra la autorización de construir las torres de KIO en la plaza de Castilla (una decisión que tomó un equipo de gobierno socialista) y lo ganó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero el Tribunal Supremo revocó esa sentencia favorable a la coalición y dio su aval a los dos edificios inclinados de 27 pisos. Herrera intentó también que los jueces anulasen la prórroga de la concesión del Parque de Atracciones (se asienta en suelo municipal) y también perdió: a pesar de que, según Herrera, se había hecho caso omiso del dictamen de los servicios técnicos, el Tribunal Superior dio la razón al PP.

En el escándalo por la adjudicación de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) a funcionarios y a la esposa de un diputado regional del PP, la fiscalía de Madrid actuó de oficio sólo para concluir que no existían indicios de delito como para abrir una investigación judicial.

También el PSOE llevó ante un juez actuaciones del equipo de gobierno del PP. Los socialistas aseguraban (todavía lo hacen) que se habían adjudicado obras en dos polideportivos que ya estaban realizadas y el centro inaugurado. El pasado agosto, el juez que investigaba el, caso decidió archivar sus actuaciones. Eso, sí, por su despacho pasaron buena parte de los concejales del equipo de gobierno del PP. El PSOE ha anunciado que recurrirá la decisión del magistrado.

Los sindicatos no se han quedado al margen de las batallas judiciales contra el alcalde. Comisiones Obreras y UGT pidieron que se anulasen ¿los oposiciones municipales (para personal de limpieza y de diversos oficios) porque se habían vulnerado derechos fundamentales. Cuatro familiares de ediles y 15 personas oriundas del pueblo natal del entonces concejal de Personal, Antonio Moreno, aprobaron las oposiciones. Los jueces consideraron que no procedía anular los exámenes.