El Supremo y los GAL
QUIENES PENSABAN que la Sala Segunda del Tribunal Supremo iba a aceptar sin más, en una especie, de convalidación mecánica todo lo instruido por el juez Garzón en el caso GAL están desconcertados. Pero es su culpa, fruto de la desazón que les causa el que la justicia no actúe, ni en cuanto a ritmos ni en cuanto a decisiones, conforme a las expectativas trazadas por ellos dé antemano. El nuevo instructor, Eduardo Moner, no tomará ninguna decisión respecto de los cuatro aforados señalados por Garzón sin antes valorar por sí mismo los indicios que obran en la causa. Era improbable que adoptara medida al a sobre dichos aforados en virtud de lo instruido sólo por Garzón ysin esperar al pronunciamiento previo del instructor que legalmente les corresponde. La decisión, pues, es respetuosa con las garantías procesales de esas personas. Pero también con La función jurisdiccional del nuevo instructor.Es evidente. que el respeto al procedimiento se aviene mal con la justicia, expeditiva que algunos, querrían para este caso. Recelan de la instrucción del caso GAL, en el Supremo haya recaído -no importa que por riguroso turno de reparto- en el magistrado que archivó la denuncia de Roldán en el caso Crillon contra el ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra y el ex ministro deDefensa Julián García Vargas.Pero quien ha ido más lejos que nadie en lo que parece ser el inicio de una campaña de presión, sobre el Supremo por parte de instancias políticas y mediaticas que no han quedado demasiado satisfechas Con sus primeras. decisiones, en el caso GAL ha sido el secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos. Su advertencia, al Supremo de que se juega su prestigio si no acompasa su decisión penal al veredicto que, a su entender, ya habrían dictado los ciudadanos españoles en este caso, constituye toda una formulación de la justicia política propia de los sistemas totalitarios. Lo cual no deja de ser curioso en el dirigente de un partido político nada entusiasta del tribunal del jurado, integrado por ciudadanos.
Es cierto, que en estos anos no han faltado dirigentes políticos -socialistas sobre todo- que han echado mano de la sociedad -el llamado sentir mayoritario o el voto en las urnas- para cuestionar o condicionar algunas decisiones, de los tribunales. El caso GAL es un ejemplo: la pretendida comprensión social por el fenómeno de la guerra sucia contra ETA ha sido esgrimida por algunos de estos dirigentes como atenuante o incluso eximenté implicados en ella. Es decir, como argumento suficiente para que los tribunales mirasen hacia otra parte. Pero ninguno se había atrevido hasta ahora a proponer un modelo de justicia tan contrario a la Constitución como el que ha insinuado el secretario general del PP como colofón del caso GAL. ¿Constituye esa concepción de la justicia que Álvarez Cascos pretende aplicar al caso GAL la que su partido va a propiciar desde. el, poder? Aznar debería aclarar que no es así.
