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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Seriedad

La edición del 3 de septiembre de 1995 de su diario publica dos cartas de lectores que cuestionan la actuación del juez Garzón. Me gustaría responder a las preguntas que en ellas se formulan.¿De dónde emana el poder del juez Garzón?: del cumplimiento dé la Constitución (aprobada por el Parlamento y por los españoles) y de las leyes aprobadas por el Parlamento (elegido por los españoles). ¿En nombre de quién ejerce este poder?: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces sometidos únicamente al imperio de la ley (artículo 117.1 de la Constitución). ¿Ante quién responde de sus actos?: primero ante su conciencia, segundo ante el Consejo General del Poder Judicial y tercero ante todo el pueblo español.

Argumenta su amable comunicante que, al no haber sido elegido directamente por el pueblo el juez Garzón no está legitimado para ejercer en su nombre. Ahora seré yo el que pregunte. ¿Considera usted que todos los ingenieros, arquitectos, abogados y demás profesionales que trabajan en la Administración deberían ser elegidos directamente por el pueblo? Estos profesionales deben cumplir responsablemente con las obligaciones propias de su cargo, sujetos a la Constitución y a las leyes. Es lo que hace el juez Garzón.

Quizá lo que el comunicante propugna es la primacía absoluta de un poder político que no tenga que dar cuentas de sus actos a nadie y que sólo tenga que usar los medios de comunicación que todos financiamos para manipular la opinión pública y así ganar elecciones. Esto se parece mucho a la democracia orgánica de Franco, quien, recordémoslo, también ganaba referendos y se perpetuó en el cargo hasta morir en la cama. Así no funciona un Estado de derecho.

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Vayamos al fondo del asunto. Una banda de delincuentes, pagados con dinero público, asesina a más de 20 personas. Antiguos altos cargos del PSOE y del Ministerio del Interior han confesado su participación y han implicado al Gobierno en los hechos. ¿Qué debe hacer el juez Garzón? ¿Dar por buena la versión de que una vez más el señor González se enteró del asunto por la prensa y cerrar el expediente dejando impunes los hechos, o recomendar que las actuaciones judiciales prosigan en las instancias que fijan la Constitución y las leyes? Por favor, un poco de seriedad.-

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