El Consejo Económico y Social pide los 179 alcaldes que rebajen el IAE

Madrid - 05 sept 1995 - 00:00CEST

La rebaja fiscal aprobada en agosto por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón -disminuyó a la mitad el recargo regional sobre el impuesto de actividades económicas (IAE)- podría perder parte de su efecto positivo si los 179 alcaldes de la Comunidad no siguiesen el ejemplo. Así lo cree la comisión permanente del Consejo Económico y Social (CES), que reunió ayer en la Puerta del Sol a dos sindicalistas de UGT y de CC 00, dos miembros de la patronal y dos expertos.El CES es un organismo creado por ley hace dos años cuya misión principal es informar con carácter preceptivo y no vinculante todas las leyes regionales. Está formado por los sindicatos con mayor representación en la Comunidad (CC OO tiene cinco miembros y UGT cuatro), la patronal (nueve representantes) y otros nueve expertos nombrados por el Gobierno (entre los que hay economistas, miembros de asociaciones de consumidores, de vecinos, etcétera). Los 27 del CES se reunirán hoy para emitir su veredicto (consultivo) sobre la ley que abarata el IAE.

Si los ayuntamientos no recortan sus cuotas fiscales de IAE, la bajada del recargo regional -que pasa del 40% al 20% sobre la cuota mínima municipal- apenas será significativa y no potenciará la creación de empleo, dicen los sindicatos. Por eso, el dictamen que hoy aprobará el pleno del CES recomienda a todos los alcaldes una rebaja similar a la propuesta por la Comunidad.

Un comercio del distrito Centro que paga actualmente 440.000 pesetas, pagará el próximo año 420.000 (un 4,5% menos) gracias al recorte de la Comunidad. Hay casos más favorables. El de un profesional autónomo que ahora paga 10.000 pesetas y abonará 8.600 pesetas en 1996 (un 14% menos). Si el Ayuntamiento de Madrid disminuyera a la mitad su cuota municipal (del 1,65% al 0,82%) el tendero de Centro pagaría algo más de 200.000 pesetas y ahorraría otras 200.000. Pero la capital perdería un ingreso colosal: este año recaudará por el IAE 19.300 millones de pesetas. El nuevo concejal de Hacienda del PP en Madrid, Pedro Bujidos, rechaza la hipótesis: "El Ayuntamiento ya tiene el tipo muy bajo", indicó a EL PAíS. Este impuesto afecta, sólo en la capital, a 170.000 empresarios, profesionales y aútónomos.

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Impuesto selectivo

"La rebaja fiscal del Partido Popular es más propagandística que eficaz", según CC OO

La propuesta de CC OO para bajar el impuesto sólo a los empresarios que generen empleo fijo o a los establecidos en zonas en declive fue descartada. "No lo permite la ley", contestó Miguel Ángel Díaz Peña, presidente del CES.Gonzalo Martín, secretario de acción sindical e institucional de UGT, expresó ayer su alarma ante la repercusión presupuestaria de la bajada del recargo fiscal. "Si los 2.500 millones de pesetas que se dejaran de cobrar por esta rebaja impositiva se recortan de las partidas sociales, estaremos en contra", anunció Martín Javier López, secretario de acción institucional de CC OO, apoyó esta tesis: "Que luego no venga el Gobierno regional diciendo que no tiene dinero para políticas de empleo por esta rebaja fiscal".

El titular de Hacienda tranquilizó por la tarde a los dos representantes sindicales: "El recorte sólo afectará a gastos corrientes. Suprimiremos gastos burocráticos para amortiguar la minoración de ingresos".

El presidente del CES, Miguel Angel Díaz Peña, apuntaló el argumento de Beteta: "La carga para las arcas de la Comunidad de Madrid no es tan importante, pues estamos hablando de cantidades relativamente modestas. Creo que es más importante el efecto psicológico que tendrá esta medida".

Díaz Peña, que mantiene su puesto pese a que fue nombrado por el Gobierno socialista, expresó ayer su escepticismo respecto a la repercusión de la nueva ley: "Si los municipios no rebajan sus cuotas quizá su eficacia no será tan alta como la que se pretende".

El texto final que el CES someterá hoy a la aprobación del plenario, pese a los reparos sindicales, valora el recorte fiscal aprobado por el PP: "La reducción del recargo sobre las cuotas mínimas municipales en un 50% a partir de enero de 1996 podría incidir positivamente en la actividad económica e incentivar el mantenimiento y la creación de empleo. Por lo cual se recomienda que esta medida se complemente con actuaciones en los ayuntamientos, en la medida que les corresponda, y sobre todo por el Gobierno de la nación, que es quien tiene la responsabilidad de este impuesto municipal de exigencia obligatoria que tiene efectos negativos sobre el empleo y el nivel de actividad. De no ser así, la medida podría perder parte del efecto positivo".

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