El Consejo Económico Social cuestiona la ley del PP que abarata el impuesto de actividades

Los 27 miembros (nueve sindicalistas, nueve empresarios y nueve expertos) del Consejo Económico Social (CES) debaten hoy la primera ley regional del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. La norma pretende abaratar hasta un 14% la tarifa final que los empresarios pagan a los ayuntamientos por el impuesto de actividades económicas (IAE). El dictamen que discutirá hoy la comisión permanente del CES pone en duda los cálculos del consejero de Hacienda, Antonio Beteta, sobre la repercusión económica que tendrá la reducción del impuesto. Comisiones Obreras sólo votará a favor si el Gobierno regional acepta un pacto con los ayuntamientos para que éstos también decidan una rebaja similar.

El Ejecutivo regional aprobó hace 15 días rebajar a la mitad el recargo del 40% que impone hasta ahora la Comunidad de Madrid sobre la cuota mínima municipal del IAE. La medida, según señala el proyecto de ley, entrará en vigor el 1 de enero de 1996. En Madrid el recibo del impuesto de actividades económicas llega todos los años a 170.000 empresarios y profesionales. Este impuesto afecta a los comerciantes, industriales y profesionales autónomos y fue creado por el Estado en 1992 para sustituir a los de radicación, publicidad y gastos suntuarios.El dictamen del Consejo Económico Social sobre la rebaja fiscal, que deberá ser aprobado mañana por el pleno de este organismo, es imprescindible para poder tramitar y aprobar el texto legislativo en la Asamblea de Madrid, aunque sus consideraciones no sean vinculantes.

Tras mostrarse de acuerdo con la medida, que alivia la presión fiscal sobre las empresas y profesionales establecidos en la región, el informe hace algunas consideraciones críticas.

"Los fundamentos económicos [de la ley] no profundizan en el detalle de las posibles repercusiones presupuestarias de la aplicación de esta modificación", censura el dictamen que se analiza hoy. Y apunta un error de cálculo: si la cifra estimada de ingresos en la Comunidad por el recargo regional sobre el impuesto municipales de 7.350 millones y con la nueva ley el gravamen se reduce a la mitad, "no parece plausible que la disminución de la recaudación sea sólo de 2.500 millones, es decir, la tercera parte de lo previsto ingresar en 1995". "Esta discordancia", añade, "no queda suficientemente explicada en la memoria". También critica el dictamen que el Ejecutivo regional no haya concretado la manera de recuperar la sangría de recursos ocasionada por la rebaja impositiva. "Es necesario financiar esa pérdida, bien con el incremento de ingresos o bien con la reducción de gastos presupuestarios", sugiere

Por último, el texto que hoy analizará la comisión permanente del CES recomienda a los ayuntamientos que sigan el ejemplo de la Comunidad reduciéndo el impuesto de actividades económicas vara "incentivar la creación y establecimiento de empresas y profesionales en nuestra región"

Los cinco representantes de CC OO llevarán al consejo una propuesta alternativa que pretende aplicarla rebaja del impuesto de una manera selectiva y no lineal, como plantea el proyecto de ley del Gobiemo popular. Por ejemplo, el sindicato rechaza abaratar el impuesto a los empresarios que paguen con demora y propone favorecer a los profesionales que generen empleo fijo o a los industriales establecidos en distritos o municipios con más dificultades para su desarrollo económico. El sindicato ha echado sus cuentas para conocer la repercusión real de la medida aprobada sobre los empresarios.

Un ejemplo

En uno de los casos, con una tarifa de 400.000 pesetas (lo que paga una pizzería de la plaza de Santo Domingo), la rebaja real en el precio final del recibo no alcanza el 5%, de 440.000 a 420.000 pesetas. Comisiones Obreras saca una conclusión "Hay que evaluar con rigor si la reducción del recargo provincial en el impuesto tiene una repercusión relevante en la cuota total o es tan ínfima que no va a influir de manera determinante en el impuesto y sólo va a tener, una repercusión negativa en la recaudación de la Comunidad, cifrada en 3.675 millones de pesetas".Comisiones Obreras propondrá al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón la firma de un pacto con los ayuntamientos para que éstos también decidan una rebaja similar y la repercusión en el recibo sea mayor, de manera que se favorezca realmente a determinados empresarios y a zonas concretas. Si el acuerdo con los municipios no es posible, CCOO votará contra la reducción. "Consideramos más eficaz que los 3.675 millones de pesetas que se dejan de percibir en caso de reducirse el recargo sean aplicados a políticas de subvenciones o ayudas a las empresas", concluye Francisco Naranjo, portavoz de CC OO.

Pedro Bujidos, concejal de Hacienda de Madrid, indicó el pasado 3 de agosto que el gobierno municipal del PP no reduciría los tipos del IAE porque ya estaban muy bajos.