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La democracia en peligro

Como muy bien dice Joaquin Arango, director del CIS, no es que esté en peligro la democracia, sino que se incrementa la desconfianza en los políticos. Las encuestas del mismo CIS nos muestran en los últimos tiempos que, mientras la confianza de los ciudadanos en los gobernantes, ha caído en picado, la que aquéllos depositan en la oposición no aumenta en la proporción correspondiente. Y si se observa un panorama más amplio, se ve que, mientras, la democracia como forma de gobierno se extiende por el mundo, en todas partes crece el descontento con las decisiones políticas y la impopularidad de los gobernantes.Hay una interpretación de estas paradojas bastante, obvia, aunque a muchos políticos les cueste aceptarla. Es precisamente porque la democracia ya no está en peligro, es casi universalmente aceptada y ya casi nadie piensa en una alternativa dictatorial -ni de derechas ni de izquierdas-, por lo que aumentan la crítica de los gobernantes y la desconfianza en los políticos. Aceptar esta correlación implica reconocer que, durante muchos años, la democracia se había sostenido sobre el temor a la dictadura. En otros países de Europa se trataba del temor al fascismo o al comunismo dejado como herencia por la II Guerra Mundial, -mientras que en éste se temía básicamente una involución golpista hacia el todavía reciente pasado autoritario. Tanto en la orientación de la amenaza como en su proximidad, había, pues, diferencias entre España y otros países con regímenes democráticos más antiguos, pero también ha habido visibles paralelismos y coincidencias cuando aquellas amenazas se han esfumado, bien por el hundimiento de los regímenes de socialismo autoritario, bien por el paso del tiempo y la extinción o adaptación de los golpistas en potencia.

Mientras duró el temor a que la democracia pudiera ser eliminada, muchos ciudadanos mantuvieron una actitud casi reverencial con respecto a los, gobernantes democráticos, los cuales gozaron, como consecuencia, de una notable impunidad. Al esfumarse el miedo, se ha revelado algo que muchos, ya intuían, pero pocos habían sabido formular: la democracia, con sus formas actuales de representación basadas en elecciones globales e infrecuentes, no puede dar satisfacción general a las aspiraciones de los ciudadanos. Cualquier decisión democrática se distingue de una decisión tomada mediante un intercambio de mercado o un pacto negociado en algo fundamental. En estos últimos modos de decisión, es posible alcanzar una solución de, equilibrio, como un precio o un acuerdo, en la que cada parte recibe una recompensa acorde con sus preferencias y proporcional a las contrapartidas que está dispuesta a dar a las otras partes. En cambio, toda decisión vinculante basada en el voto -(Popular, parlamentario, o en pequeño comité) comporta ganadores y perdedores., En ausencia, pues, de una representación completamente proporcional y de gobiernos de gran coalición -que son condiciones más bien raras en la realidad-, las decisiones democráticas comportan siempre una distribución desigual de la satisfacción de los deseos de los diversos individuos que componen la sociedad y esta desigualdad es fuente de frustraciones,y malestar.

Una parte de la desigualdad política con respecto a los resultados democráticos puede ser reducida mediante la adecuación de los mecanismos institucionales, hacia cuya reforma se dirige de hecho una parte de las críticas actuales. Pero dejando ahora de lado la conveniencia y la viabilidad de ciertas reformas institucionales, cabe convenir en que resulta ya muy absurdo que, tras el continuado, crecimiento de los recursos en manos del Estado y la gran ampliación de sus ámbitos de competencia con respecto a épocas pasadas, los ciudadanos sigan contando con una simple papeleta de voto cada cuatro años, en la que sólo cabe dar una opinión categórica, sin matices, a favor de alguna candidatura ' para dar a los gobernantes electos. el poder de decidir autónomamente sobre decenas. de billones de pesetas, controlar a centenares de miles de funcionarios y aprobar varios centenar es de leyes.

Obsérvese que esta crítica del funcionamiento actual de la gran mayoría de los regímenes democráticos -y del español en particular- se basa en una concepción más bien flexible de la política, como una actividad orientada a atender las demandas y los intereses colectivos de los ciudadanos, y no a la realización del ideario. de un grupo u otro de políticos. En comparación con esta modesta visión de las tareas democráticas, cualquier Gobierno despótico aparece como radicalmente inferior -obviedad que una inmensa mayoría de los ciudadanos de los países civilizados ha aprendido ya-. Pero, siendo las decisiones vinculantes necesarias para satisfacer ciertos intereses colectivos que no pueden ser resueltos mediante el mercado ni la negociación, es lógico que se extienda la conciencia de que la política es inevitable y la democracia, la mejor forma de gobierno, pero también que ésta produce siempre algún grado de insatisfacción.

Dicho de otro modo, la efervescencia que estamos viviendo no es meramente coyuntural, sino que está desvelando algo que la guerra fría y el miedo a la involución autoritaria nos impedían ver: que los gobernantes pueden y deben ser tratados con la misma desconfianza y exigencia con que una persona normal trata a su socio, a su empleado, al administrador, de su finca o al autor de una reparación en su domicilio. Sin veneración ni carta blanca, sino de acuerdo con los resultados obtenidos por su labor. La pérdida del miedo por los ciudadanos no pone, pues, en peligro la democracia, sino que manifiesta su solidez. Y precisamente porque la democracia está ahora más extendida y arraigada que nunca, los políticos empiezan a tener la sensación de que se les está terminando la posición de ventaja con que hasta hace poco pudieron gobernar.

Josep M. Colomer es catedrático de Ciencia Política.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0028, 28 de agosto de 1995.

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