Siete terroristas 'altruistas'

"Las distintas hipótesis planteables sobre los motivos por los cuales estos imputados, hoy procesados, hayan decidido autoinculparse pertenecen al arcano del sujeto", afirma Baltasar Garzón en la exposición que remitió al Tribunal Supremo. En todo caso, agrega el magistrado, cualquiera que fuera la razón por la cual Julián Sancristóbal, Ricardo García Damborenea, Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, Francisco Saiz Oceja, José Ramón Corujo y Luis Hens decidieron, en el corto espacio de cinco días, entre el 15 y el 20 de julio pasados, comparecer ante el juez para reconocer los hechos que antes negaran e imputar de paso a sus superiores, "no serviría para cuestionar una declaración que objetivamente resulta creíble y que, en su caso, coincida con otras o pueda acreditarse por otras vías".Con ligerísimas variaciones, todos los arrepentidos iniciaron su confesión con las mismas palabras que Miguel Planchuelo, ex jefe de la Brigada de información de Bilbao, el primero que acudió al juez: "Manifiesta que ha solicitado a través de su abogado prestar declaración porque desea colaborar con la Administración de Justicia en el esclareciemiento de los hechos que se le imputan y aportar cuantos datos conozca en torno a los mismos. Manifiesta que si no ha comparecido anteriormente y ha mantenido una posición de negación de su participación en los hechos ha sido porque se sentía presionado y con miedo por las consecuencias que pudiera acarrearle contar la verdad. No obstante, considera que ha llegado el momento de que se conozca ésta y se solucione definitivamente el asunto".

Sólo el ex secretario general del PSOE de Vizcaya, Ricardo García Damborenea, el último en declarar, buscó otra justificación, el cambio de opinión de sus compañeros: "Manifiesta que hubiera tenido mucho gusto en hacer esta declaración hace seis meses por considerar que era lo adecuado, pero la estrategia defensiva escogida por los policías de negar los hechos le impidieron contradecirlos para no perjudicarles y confiaba en que quien pudiera corresponder ofreciera una explicación a los españoles. Ha transcurrido el tiempo suficiente para descartar esta esperanza y hoy los policías han decidido rectificar su declaración reconociendo los hechos, lo cual deja al declarante en libertad de exponer su punto de vista, de tal y cómo sucedieron los hechos".

Aunque Garzón evitó en su escrito especular sobre los motivos del súbito arrepentimiento, colectivo, la declaración de Planchuelo le ofreció una pista sobre qué entienden por "solución definitiva" los hoy terroristas confesos de los GAL. "Quiere manifestar que lo mismo que en su día se dió una solución a ETA político militar y se fue benevolente, sin necesidad de que se ultimara la vía judicial, también entiende que en este momento debería de encontrarse una solución similar para dar una salida a la situación en la que se encuentran".

En el momento de declarar, Planchuelo estaba todavía recluido en la prisión de Guadalajara, que abandonó el pasado 24 de julio. Hasta esa fecha y desde el 12 marzo, Planchuelo compartió cárcel con su antiguo superior Julián Sancristóbal y, durante las largas horas de reclusión, ambos tuvieron oportunidad de repasar sus comunes andanzas en los GAL. Fue en dicho centro penitenciario, según declaró Planchuelo, donde Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya en 1983, le habría confiado que la persona a la que telefoneó el día que secuestraron a Segundo Marey no fue Rafael Vera, como él pensaba, sino el ministro José Barrionuevo.

Aunque la comunicación entre Planchuelo y Sancristóbal, compañeros de cárcel, resultara más fácil, no por ello dejó de existir entre los demás procesados. Francisco Álvarez, ex jefe superior de policía de Bilbao, visitó cinco veces la cárcel de Guadalajara entre los meses de mayo y julio, para hablar con Planchuelo y Sancristóbal. La relación de Planchuelo con sus antiguos subordinados -los policías Julio Hierro, José Ramón Corujo, Luis Hens y Francisco Saiz Oceja- estaba asegurada, pues comparten abogado: Aníbal Álvarez.

La línea defensiva de los Policías es la misma: todos actuaron cumpliendo órdenes. Su superior -Álvarez, Planchuelo o Hierro, según los casos- les informó de que "tienen qué cumplir una misión muy importante, que es una cuestión de Estado, que el Gobierno respalda totalmente la operación y que de ésto no se puede hablar absolutamente nada". Planchuelo va incluso más lejos al asegurar que, tanto él cómo los otros funcionarios de Policía, "actuaron en estos hechos sin cobrar ni percibir dinero alguno y, por tanto, en forma altruista".

Los policías se refieren siempre a Marey como el "detenido" y Planchuelo asegura que nunca "tuvo conciencia de que se trataba de un secuestro".

"En todo momento creyó que se trataba de una persona que estaba detenida, no cuestionando las órdenes recibidas", agrega el inspector Luis Hens, quien reconoce, no obstante, que "le pareció un poco rara la situación". Se refería, quizá, a lo poco ortodoxo que resulta mantener a un detenido, encapuchado y en pijama, en una cabaña en medio del campo, durante diez días, compartiendo incluso cama los vigilantes y el vigilado. "En todo momento estimó que se trataba de una persona detenida", concluye el inspector José Ramón Corujo, "aunque le pareció un poco anormal, si bien no le extraño, dado el trabajo de información al que se dedicaba".

En este contexto, tampoco sería insólito que el propio gobernador civil pidiera que le llevasen a la cabaña donde estaba secuestrado Marey, a más dé 60 kilómetos de Bilbao, para, según su declaración, "cerciorarse de que el trato que recibía el detenido era correcto, porque así se había sugerido, que dentro de las circunstancias en las que se desarrollaba el secuestro, el trato fuese digno". A su juicio, dicho trato debía ser suficimiente bueno, pues no se modificaron las condiciones en que estaba retenido Segundo Marey hasta que fue liberado.

Ante Garzón, Sancristróbal reconoció su papel en los hechos, pero insistió en que actuó siempre con la "autorización" y el "visto bueno" del ministro José Barrionuevo y del secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. Ni siquiera ocultó que, aunque "no tiene ninguna prueba personalmente de que Barrionuevo consultase con el presidente del Gobierno", le gustaría implicar a Felipe González. "Desearía", dijo al juez, "que las responsabilidades en las que hayamos podido incurrir sean afrontadas por todos aquellos a los que corresponde y no se centren sólo en el ministro Barriouevo".