Austeridad popular

TRAS su victoria en la mayoría de las comunidades españolas, en 10 de las cuales gobierna, el PP parece decidido a predicar con el ejemplo en materia de austeridad presupuestaria. Aznar sabe que se juega en ello buena parte de la credibilidad de su partido con vistas a las responsabilidades que previsiblemente le esperan. Pero se juega también la racionalización del modelo autonómico, tan propenso a los desbordamientos incontrolables del gasto.La Organización para la Cooperación y el De sarrollo Económico (OCDE) alertó hace años contra el riesgo de despilfarro derivado de la existencia de unas administraciones "sin experiencia" y con posibilidad de disponer de fondos considerables "antes de establecer sus prioridades y efectuar los oportunos estudios coste-beneficios". En su informe de 1992 ligaba ese despilfarro a factores como el exceso de contratación, la existencia de sueldos superiores a los de la Administración central y la tendencia de los gobernantes autonómicos a embarcarse en "proyectos de prestigio" u otros inspirados por la "preocupación de calmar a grupos de interés locales". Las denuncias del PP contra ese despilfarro, así como sus advertencias respecto a su incidencia en el crecimiento del déficit público del conjunto de las administraciones, han chocado con la evidencia de que en las comunidades gobernadas por el PP ha existido la misma manga ancha. En Galicia, por ejemplo, el número de altos cargos aumentó de 79 a 237, y no menos de un millar de puestos administrativos, entre los que figuran algunos familiares de dirigentes del PP, han sido nombrados a dedo. Y en Castilla y León, el gesto de Aznar consistente en suprimir vanas consejerías no impidió que el coste de la Administración autónoma creciera en dos años en un 40% y que el endeudamiento de la comunidad se duplicara en él mismo plazo.

Aunque esos antecedentes inviten al escepticismo, algunas iniciativas tomadas en las comunidades que ahora gobernará el PP demuestran una mayor voluntad de adecuar la práctica a los programas. En Asturias, comunidad gobernada por la izquierda desde 1983, los altos cargos han pasado de 106 a 59. En Madrid habrá dos consejerías menos que con Leguina y el número de altos cargos se reduce a la mitad: de 123 a 65. El Gobierno de Ruiz-Gallardón es el único que ha cuantificado el ahorro resultante: 538 millones de pesetas al año. Aznar ha pedido a los presidentes de comunidades gobernadas por el, PP que hagan de su gestión un escaparate de austeridad y eficacia. Es muy elogiable que esa voluntad se plasme en medidas concretas de reducción de consejerías y altos cargos. La coherencia nunca hace daño.