El Supremo dirá

LAS IMPUTACIONES no tienen mayor concreción y ni siquiera alcanzan la categoría de indicios racionales de criminalidad, dice el juez Baltasar Garzón en su exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que, sin embargo solicita que cuatro aforados, el presidente del Gobierno, el ex vicepresidente Serra, el ex ministro del Interior Barrionue vo y el diputado socialista Benegas, declaren como . imputados "al menos en su primera declaración". Los 41 folios remitidos por Garzón al Supremo -que hoy publica EL PAÍS- confirman lo que muchos no querían creer: que los indicios -que ni siquiera está seguro de considerar tales- apreciados por Garzón contra González se basan exclusivamente en las imputaciones de un inculpado, García Damborenea, y la impresión de otro, Sancristóbal. Sin embargo, ambas declaraciones, y las similares de otros inculpados, las considera "creíbles", por lo que sugiere que el presidente podría ser imputado como 1) "promotor de banda armada u organización terrorista"; 2) "malversación de caudales públicos, siendo imposible su concreción ahora", y 3) "otros posibles (por ejemplo, detención ilegal), son difíciles de determinar, siquiera sea hipotéticamente, en este momento procesal".Otro tanto sucede con Serra y Benegas. Sólo en el caso del ex ministro del Interior José Barrionuevo parece Garzón considerar sólidos los datos con que le acusan diversos procesados. Pero llama la atención que los indicios contra Barrionuevo no le: parecieran suficientes cuando aparecieron por primera vez -en la declaración de Amedo- y que hubieran supuesto entonces entregar la ínstrucción del sumario al Supremo. Si aquéllos no le parecían suficientemente sólidos, sorprende que ahora sí se lo parezcan los que presenta contra los otros tres aforados. La publicación del texto del escrito de Garzón permite conocer de primera mano, y no a través de declaraciones o filtraciones parciales, las razones que llevaron a Garzón a una decisión que reconoce de gran "trascendencia y gravedad". Ahora es el Tribunal Supremo el que debe hablar, y esperemos con diligencia.