Una paz podrida y que mata

Responsabilizar a la comunidad internacional, y en particular a la ONU, por el éxito o el fracaso de la pacificación de Angola es un comodín que los dos partidos angoleños utilizan frecuentemente para escamotear sus propias responsabilidades.Los gubernamentales afirman, y con razón, que la fiscalización onusiana se fija casi exclusivamente en ellos y que la ONU no hace respetar el embargo decretado por el Consejo de Seguridad en 1993 sobre el suministro de armas y combustible a UNITA.

Mientras que UNITA permanece intocable en sus santuarios, el Gobierno y el MPLA deben arreglárselas como pueden para hacer frente a los enormes costes de esta situación de paz podrida que priva al Estado de una parte sustancial de sus recursos (petróleo, diamantes, café...), impide el reinicio de las actividades productivas y lanza a Angola en el ciclo infernal de la hiperinflación (1.800% en 1993).Nunca la lucha por la supervivencia había sido tan dura para los más de tres millones de habitantes de Luanda -tres cuartas partes de ellos sin empleo ni recursos fijos- ni para los funcionarios, cuyos salarios pierden cada día valor adquisitivo frente al alza vertiginoso de los precios. Cuando un capitán, un juez, un médico o un profesor universitario ganan aproximadamente 1.200 pesetas al mes -lo que equivale a 6 kilos de arroz, judías o azúcar, 2 kilos de carne o tres de pollo- es fácil entender la revuelta provocada por las medidas de saneamiento financiero impuestas por el FMI, que pretende reducir el endeudamiento público con despidos masivos y una política de precios reales de los combustibles y de los servicios (agua, electricidad, teléfono...). "Conseguimos resistir 30 años de guerra, pero esta paz nos mata", comenta un colega angoleño.

Va abriéndose camino en las mentes de los dirigentes políticos de Luanda la sospecha de que es precisamente ésta la estrategia de los duros de UNITA y de sus consejeros extranjeros: asfixiar económicamente la capital y esperar a que una explosión de cólera popular acabe de destruir el poder del MPLA o le obligue a aceptar una división territorial efectiva del país y de sus riquezas naturales.