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El Poder Judicial exige "un clima de sensatez" y "prudencia" en las críticas a los magistrados

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoció ayer la legitimidad de las críticas a las actuaciones de los jueces en un acuerdo aprobado por por los cuatro vocales de la comisión permanente, pero exigió "un clima de sensatez y prudencia". El tono moderado del consejo puso el contrapunto a las exigencias de una "respuesta adecuada" los "desafueros" contra el juez Baltasr Garzón apreciados por el vocal Javier Gómez de Liaño, y al "rigor" reclamado por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Fernando Cotta, por un perfil suyo publicado en este periódico.

La declaración del CGPJ matiza que no debe confundirse la crítica de las resoluciones judiciales con las "descalificaciones personales", y recuerda que el ordenado ejercicio de la potestad jurisdiccional requiere un clima de sensatez y prudencia de parte de los responsables políticos, medios de comunicación y sociedad entera".La declaración fue aprobada por unanimidad de los cuatro vocales de la comisión permanente: el presidente, Pascual Sala y Soledad Mestre, del sector progresista, y el vicepresidente, José Luis Manzanares y Wenceslao Díaz Argall, del sector conservador.

La comisión examinó ayer el escrito del vocal Javier Gómez de Liaño, que reclamaba el cese de las acusaciones contra el juez Baltasar Garzón.

En el documento se decía que las críticas recibidas por Garzón durante la instrucción del caso GAL, principalmente provenientes de destacados dirigentes socialistas, representaban "una ofensa a la independencia y dignidad de la función judicial". Aunque no era materia del debate de ayer, en el ánimo del Consejo también pesaba la queja del propio juez Garzón hacia "el cúmulo de desprósitos, algunos gravísimos, que se están cometiendo por altos responsables de instancias públicas y políticas". El juez realizaba estas afirmaciones en un auto en el que levantaba parcialmente el secreto del sumario del caso GAL.

Sobre la petición, del vocal Gómez de Liaño para respaldar al juez Baltasar Garzón, Sala dijo que que el juez de la Audiencia Nacional ha tenido en sus manos "todas las posibilidades que el ordenamiento le ofrece" y no es preciso actuación alguna.

En rueda de prensa posterior el presidente del Consejo, Pascual Sala, se quejó de que la confrontación política en España "va a remolque" de las actuaciones judiciales. "La politización de la justicia no es buena, pero no es responsabilidad, de los jueces", añadió.

A requerimiento de los informadores, el presidente del Consejo Judicial afirmó que no deberían utilizarse la descalificaciones ni los insultos contra responsables de ningún poder político: "Se puede hacer toda la crítica y con toda la dureza que se quiera, pero sin traspasar la frontera de la descalificación o el insulto", aseguró.

El Consejo también estudió el escrito del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Fernando Cotta, que apreció "el firme propósito de desprestigiarme y de atentar contra mi independencia e imparcialidad" en un perfil suyo publicado en este periódico; y la renuncia a la carrera judicial del magistrado Marino Barbero, instructor del caso Filesa.

Sala indicó que el escrito de Barbero es competencia del Pleno y será examinado en la primera reunión de éste, el próximo 13 de septiembre. Barbero presentó su renuncia a la judicatura con el pretexto de no haber sido amparado por el CGPJ frente a las críticas del presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Pascual Sala lamentó la decisión de Barbero, pero dejó claro que el Consejo no hizo dejación de funciones y agregó que Barbero presentó una querella contra el presidente extremeño y ésta se encuentra "en la vía penal adecuada". El presidente indicó que el caso Filesa no sufrirá retrasos ya que las actuaciones estaban casi al final y "sólo se trata de terminarlo, no de empezar la instrucción de nuevo".

Escrito de Cotta

Sobre el escrito de Cotta en el que pedía que el Consejo procediera contra este periódico con "el rigor que el caso merece", la comisión tomó conocimiento del mismo, pero no adoptó ningún acuerdo.Sala declinó pronunciarse "por prudencia" acerca de la posible aplicación del artículo 102.2 de la Constitución para exigir la responsabilidad del presidente Felipe González en el caso GAL. A su juicio, se trata de "especulaciones que no forman parte de un marco ordenado" y no sería "ni sensato ni prudente" que un magistrado, y menos el presidente del Supremo y del Consejo, entrase en ese debate.

En contraste con la moderada declaración del Consejo, el presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Ramón Rodríguez Arribas, pidió una reforma legal para castigar las críticas que perturban la independencia de los jueces.

Por otra parte, el fiscal general del Estado, Carlos Granados, aseguré ayer tarde en El Escorial a un grupo de informadores que el ministerio fiscal está actuando "con rigor y profesionalidad" en el caso GAL y que las duras críticas que está recibiendo de dirigentes del PSOE no influirán en su conducta.

"Las críticas no tienen que influir en la imparcialidad, profesionalidad y autonomía funcional y cada uno tiene que actuar según sus obligaciones constitucionales y legales. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo", añadió.

Granados respaldó las cinco líneas del informe del fiscal del Supremo, Emilio Vez, en las que señalaba la competencia de la Sala Segunda del Supremo en el caso GAL y declinó pronunciarse sobre la posibilidad de aplicar el artículo 102.2 de la Constitución: "Ahora estamos en el momento de la competencia, no sé si se debe aplicar ese artículo", dijo Granados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de agosto de 1995

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