El fiscal del Estado no se querella contra García Damborenea por implicar a Gónzález en los GAL

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, desechó ayer, de acuerdo con la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, la posibilidad de. presentar una querella contra el ex secretario general de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea por las recientes imputaciones en las que implicó en el caso GAL al presidente del Gobierno, Felipe González. Después de tres horas y media de reunión, al filo de las once de la noche los fiscales decidieron que la presentación de una querella, como había solicitado el ministro de Justicia e Interior en nombre del Gobierno, "resultaría prematura", dada la existencia de otra causa penal, y se limitaron a incoar unas diligencias que no tendrán, por el momento, ninguna virtualidad, ya que todo dependerá de lo que suceda en la causa principal, que actualmente instruye Baltasar Garzón.

Al término de la reunión, la fiscalía distribuyó un comunicado de un folio, en el que se afirma que el fiscal general del Estado, de acuerdo con el criterio mayoritario de la Junta de Fiscales de Sala, ante la solicitud. del Gobierno para que se ejerciten por el ministerio fiscal acciones penales contra Ricardo Garcia Damborenea, ha acordado la apertura de "diligencias de investigación".Granados se basa para tomar esta decisión en lo dispuesto en los artículos 5 del Estatuto Orgánico del ministerio fiscal y el 785 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "por considerar que pudieran ser constitutivos tanto de un delito de desacato, invocado por el Gobierno, como de un presunto delito de acusación y denuncia falsa".

Según la fiscalía, "resultaría prematura, la formulación de querella en este momento, dada la existencia de otra causa penal en que están siendo investigados los hechos a que se refiere la imputación". "Habrá que estar por tanto", prosigue la fiscalía, "a las resultas de esa causa, cuya remisión a la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha solicitado ya el fiscal, para decidir en su momento sobre el destino de las diligencias que ahora se abren y la procedencia o, no de formular querella".

La fiscalía abre las díligencias "para esclarecer no sólo las supuestas infracciones citadas, sino también el posible delito de apología invocado igualmente en la solicitud realizada por el Gobierno de la nación".

No obstante, Granados que hay "impedimentos de tipo técnico" para apreciar esa infracción. Y los concreta: "Por un lado, de acuerdo con la reforma del Código Penal llevada a cabo en mayo de 1995, el delito de apología parace exigir no sólo la defensa, justificación o alabanza de hechos delictivos, sino también que comporte una incitación a la perpetración de nuevos delitos, elemento cuya apreciación no aparece de momento con la suficiente nitidez en este caso". Obstáculos jurídicos

En el documento se añade que "es de difícil viabilidad una acusación por apología frente a quien ha sido partícipe del hecho delictivo elogiado, por cuanto pueda entenderse que ese posterior acto queda absorbido por el delito previamente cometido".

Tras la reunión el fiscal general Carlos Granados remitió al Gobierno el acuerdo de la Junta de Fiscales por medio del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. A preguntas de los informadores el fiscal dio cuenta de que la querella por desacato fue rechazada por 11 votos en contra y cuatro a favor.

En la querella por apología, cinco se mostraron a favor de la querella, cinco a favor de abrir unas diligencias informativas y cinco a favor de no adoptar ninguna medida. Pero al final se llegó por consenso a que se abriesen diligencias informativas. La Junta de Fiscales está integrada por 15 miembros presididos por el fiscal general.

Anteriormente, la Fiscalía del Estado también se opuso a la presentación de una querella del Gobierno contra el ex policía José Amedo, que acusó, al Ejecutivo de estar implicado en las actividades de los GAL, por las que él mismo fue condenado a 108 años de prisión.