Destierro en Mancha Real

"Tengo 45 años, y lo del destierro es algo que sólo conocía por las películas. Creía que eso era un fantasma, pero ese fantasma ha venido a Mancha Real". Andrés Delgado, miembro de la coordinadora de vecinos de Mancha Real (Jaén), exponía con estas palabras ante sus convecinos -en un peculiar Fuenteovejuna- la sorpresa que le causaba la pena impuesta a 10 ex concejales de la localidad. Durante seis meses y un día, 10 familias tendrán que ir a vivir a más de 25 kilómetros de Mancha Real al haber sido condenados por la Audiencia de Jaén por un delito contra la libertad de residencia de las personas. La cuenta atrás comenzó ayer.La condena impuesta castiga los actos cometidos en 1991. En mayo de ese año murió Ángel Arroyo, dueño de un bar en Mancha Real, a manos de varios miembros de una familia de etnia gitana. Esta situación desencadenó una serie de movilizaciones que desembocaron en el destrozo de las viviendas de las familias de etnia gitana, que habían abandonado sus casas la noche del asesinato ante el temor a posibles represalias. La corporación municipal encabezó las movilizaciones, llegando a pedir públicamente que se fuera del pueblo un grupo de personas consideradas delincuentes e indeseables.

Ha sido precisamente este hecho el que ha llevado a que los ex concejales tengan que cumplir la pena de destierro, suspendida en varias ocasiones a expensas de que el Consejo de Ministros concediera un indulto solicitado varias veces.

Las familias de Fernando Salido, Francisco Moreno, Francisco Romero, Juan Martos, Rosario Hermoso, Ildefónso Cobo Juan Ruiz y Manuel Jiménez repararon sus maletas para salir ayer de Mancha Real.

"Ya haremos declaraciones cuando volvarnos", dijo Rosario Hermoso, ex concejala y cuñada del ex alcalde de Mancha Real Alfonso Martínez de la Hoz, quien cumple condena en la prisión de Jaén por participar en los sucesos de 1991.

Rosario se ha dirigido a Madrid con su marido y sus dos hijos de cuatro y nueve años. La pena de destierro la continuará en Baeza (Jaén) a partir de septiembre, cuando se inicien las clases de los niños que se quedarán a cargo de una de sus tías.

La coordinadora de vecinos creada para pedir clemencia pata todos los condenados ha hecho hincapié en las consecuencias económicas y persona les que creará el cumplimiento de una pena que desaparece del Código Penal.

Flor Martos, hija de uno de los condenados, leyó la noche del martes un comunicado ante los 1.000 vecinos concentrados en la plaza del pueblo pidiendo la suspensión de una pena que se ha aplicado "con una severidad aplastante".

El resultado de los incidentes ocurridos hace cuatro años es el de siete personas en prisión y 10 desterradas. En. la otra cara de la moneda se sitúan las cuatro personas acusadas y condenadas por asesinar a Ángel Arroyo. Mancha Real, con cerca de 10.000 habitantes, no consigue recobrar la normalidad.