Clinton defiende la discriminación positiva
Bill Clinton ha concluido que en Estados Unidos sigue habiendo discriminación racial y sexual, y que siguen siendo necesarios los programas públicos que favorecen a las minorías y a las mujeres. El presidente norteamericano anunció ayer que defenderá esa política (conocida en inglés por eltérmino de acción afirmativa) contra la oposición de los republicanos, aunque admitió que son convenientes algunas reformas para evitar los abusos registrados.
"Permítanme ser claro: la acción afirmativa ha sido buena para Estados Unidos. Quizás no todo ha sido bueno ni tiene que durar para siempre, pero las razones por las que fue aplicada no han desaparecido todavía", declaró ayer Clinton en una ceremonia en la Casa Blanca.Estos programas dan preferencia a negros, hispanos y mujeres a la hora de acceder a ciertos empleos, contratos públicos o plazas escolares. Al respaldar esa controvertida política, criticada por un alto porcentaje de blancos que se consideran, a su vez, injustamente discriminados, Clinton hace una de sus más arriesgadas apuestas electorales. Todos sus potenciales rivales republicanos a la presidencia, incluido Robert Dole, proponen la eliminación de la acción afirmativa, que consideran anticonstitucional porque viola el principio de la absoluta igualdad de oportunidades.
Después de un estudio de seis meses, Clinton ha llegado, sin embargo, a la conclusión de que, para garantizar la verdadera igualdad de oportunidades, es necesario dar ciertas ventajas a los grupos afectados por una historia de discriminación que les impide competir en el mismo plano que los hombres de raza blanca.
Uno de los más firmes defensores de la acción afirmativa es el activista negro Jesse Jackson, que ha organizado una campaña "de resistencia" en California contra un intento, respaldado por el gobernador Pete Wilson, de convocar un referéndum sobre la discriminación positiva. Jackson, que está estos días considerando la posibilidad de presentarse como candidato independiente en 1996, fue convocado el martes a la Casa Blanca para anticiparle información sobre los planes del presidente. El apoyo de Jackson puede resultar crucial para la reelección de Clinton.
Los republicanos, cuya victoria electoral en noviembre de 1994 fue conseguida con un 60% del voto de varones blancos, consideran que la acción afirmativa, convertida en ley bajo la presidencia de Richard Nixon y desarrollada durante la de Jimmy Carter, es un anacronismo y un derroche. Un estudio independiente afirma que la aplicación de esos programas públicos le cuesta al contribuyente entre 17.000 y 20.000 millones de dólares al año (más de 2 billones de pesetas).
Cerca de 100.000 empresas, así como miles de escuelas y universidades, se ven afectadas de hecho por una política de cuotas que les obliga a veces a contratar o admitir a personas menos capacitadas con el fin de completar el cupo correspondiente de negros y mujeres. Si no cumplen con ese cupo, pierden su acceso a créditos y contratos públicos, y hasta pueden ser sancionadas.
Gracias a esa discriminación positiva, sin embargo, el número de minorías raciales y de mujeres que han tenido acceso a cargos de, responsabilidad ha crecido sustancialmente en las últimas dos décadas. Este es el argumento en el que se basa la mayoría de los demócratas y el propio Clinton para defender la acción afirmativa. Pero el presidente considera también que hay que introducir algunas reformas para asegurarse, principalmente, de que los programas defienden, no sólo a las minorías, sino a la parte de esos grupos sin recursos para prosperar por la vía de la competencia. Con ese fin, por ejemplo, se dará prioridad en los contratos públicos a las empresas dirigidas por negros o hispanos y que estén situadas en áreas pobres.
Otras reformas introducidas están dirigidas a eliminar las cuotas fijas y a asegurarse de que los individuos que se vean favorecidos por los programas de acción afirmativa están perfectamente cualificados para desempeñar el trabajo, y no lo consiguen únicamente por ser negros o mujeres. El vicepresidente, Al Gore, ha sido nombrado al frente de un equipo que se encargará de la aplicación de esas reformas y vigilará el funcionamiento de todo el programa.
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