El Gobierno británico descarta endurecer la legislación contra los excesos de la prensa

El lunes fue un buen día para la prensa sensacionalista británica. Después de un largo período de debate, el Gobierno conservador desveló su intención de no incrementar las leyes coercitivas contra la prensa, confiando en que sea la propia profesión, con su capacidad de autoregularse, la que evite en el futuro los excesos informativos. Incluso ha quedado descartada, al menos de momento, una legislación que defienda el derecho a IU privacidad de las personas.

Dos años después de lo previsto, un aguado Libro Blanco sobre la prensa, preparado por el Gobierno, fue presentado en la Cámara de los Comunes. El texto defendido por la nueva ministra de Cultura y Patrimonio, Virginia Bottomley, el lunes por la noche, considera que la difícil ecuación entre derecho a la intimidad de los ciudadanos y libertad de prensa quedaría descompensada si los legisladores optaran por tipificar nuevas causas de delito que limitaran el uso de sofisticados artilugios técnicos por parte de los periodistas. Por ejemplo, las cámaras de objetivo telescópico o la grabación de conversaciones telefónicas.Bottomley se limitó a reclamar a la Press Complaints Comission -un organismo de control ético que empezó a funcionar en enero de 1991, sustituyendo al antiguo Press Council- que estudie la posibilidad de crear un fondo económico para compensar a quienes vean dañado su derecho a la intimidad por informaciones difundidas en los medios de comunicación.

El esperado Libro Blanco de la prensa deja, pues, las cosas como estaban hasta ahora en el Reino Unido, pese a la presión de sectores del Gobierno y del Parlamento británico que abogaban por un endurecimiento de la legislación actual, y después de muchos años de tensiones entre la prensa y Westminster, durante los cuales se han dado varias "últimas oportunidades" a los tabloides.La Press Complaints Comission, organismo independiente integrado por 16 personas del mundo de la abogacía y de la prensa, y financiado por las propias empresas periodísticas, ha conseguido en los últimos seis meses hacer valer su autoridad moral en varios escándalos. Su presidente de los últimos seis meses, lord Wakeham, consiguió esta primavera que el propio magnate de la comunicación internacional, Rupert Murdoch -dueño de las empresas que tiran gran parte de los ejemplares de la prensa sensacionalista británica- se disculpara públicamente por el contenido de una información en el dominical News of the World de su propiedad, que afectaba a la cuñada de la princesa Diana.Indemnizaciones

Aún así, pocos son los que consideran realista la sugerencia de la ministra Bottomley de crear un fondo para indemnizar a los afectados por los excesos de la prensa.

Dicho fondo tendría que ser "recaudado" entre las empresas periodísticas, poco partidarias de resolver colectivamente los "errores" de la profesión. De hecho, la mayoría de los escándalos que decidieron al Gobierno británico a iniciar en los últimos seis años dos diferentes investigaciones sobre la prensa del país, han tenido a los tabloides como protagonistas.Aparte de los propios políticos, la familia real británica ha sido la principal afectada por la feroz escalada de la prensa amarilla, que ha proporcionado escándalos tan célebres como las fotos de la duquesa de York "de vacaciones" con su consejero financiero, o la transcripción de conversaciones privadas de la princesa Diana, sin olvidar las del heredero de la Corona con una mujer que no era su esposa.