Los líderes sindicales apelan hoy al ministro de Industria para que modifique el ajuste del naval

La segunda sesión negociadora sobre el plan de reconversión de los astilleros no produjo ayer ningún avance. La huelga en todo el sector naval, prevista para mañana jueves, se mantiene salvo que los líderes sindicales obtengan hoy del ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, algún compromiso firme de que se va a modificar la propuesta inicial. Los secretarios generales de CC OO y UGT, Antonio Gutiérrez y Cándido Méndez, y los máximos responsables del metal de esos sindicatos, Ignacio Fernández Toxo y Manuel Fernández Lito, pedirán al ministro que amplíe el plazo de negociación y su oposición al cierre de astilleros y a la reducción de 5.200 empleos (el 60% de las plantillas).

También los alcaldes de la margen izquierda del Nervión pedían ayer que se aplace la fecha tope del 15 de agosto, que se fijó como definitiva para cerrar las negociaciones del plan de reestructuración. Los ediles socialistas vascos manifestaron su preocupación por el futuro de la zona y explicaron que tienen intención de participar en las movilizaciones que convoquen los sindicatos.La primera huelga, prevista para el día 20, parece inevitable. Así lo manifestaron ayer los representantes de los trabajadores tras la reunión de más de cinco horas que mantuvieron con los responsables de la División Naval del INI. "No han flexibilizado absolutamente nada del plan de ajuste. Nos abocan a la huelga", afirmó José Luis Gacio, responsable de UGT. No obstante precisó que dan de margen hasta mañana para ver el resultado de la nueva sesión negociadora y de las entrevistas que van a mantener los líderes de los sindicatos con el ministro de Industria. Por la mañana, serán Toxo y Lito los que explicarán a Eguiagaray las razones por las que se oponen a su plan de reconversión. Por la tarde, el ministro tendrá otro encuentro con Gutiérrez y Méndez, previsto desde hace varias semanas para hablar de política industrial, aunque ahora el plan de los astilleros tendrá un protagonismo especial.

Los sindicatos le comunicarán su rotundo no a cinco puntos: la fecha tope para negociar del 15 de agosto; el cierre de los astilleros de Cádiz y Sevilla; la privatización de Juliana, Barreras y Astander; el excedente de 5.200 empleos, y el abandono de algunos productos.

Esas peticiones fueron expuestas también ayer por los sindicatos a los dirigente! de la División Naval, pero no obtuvieron ninguna respuesta. En cambio sí se les facilitó la información solicitada sobre la situación de cada astillero y las pérdidas de los distintos centros de trabajo. Una vez estudien esa información presentarán sus propuestas alternativas.

El secretario general de la División Naval del INI, Jesús García Villoslada, aseguraba ayer que, mientras no reciban contrapropuestas, el único plan que existe es el de la Administración. Asimismo afirmó que están dispuestos a introducir modificaciones si se demuestra la viabilidad del sector y éste puede colocarse en situación de competitividad en Europa y en el mundo. García Villoslada entiende que la huelga prevista en los astilleros "es un instrumento de presión, pero no afectará al curso de las negociaciones".

En contra del plan naval se manifestó ayer el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, quien entregó al presidente del Gobierno, Felipe González, una declaración conjunta del Ejecutivo autonómico y los sindicatos gallegos en la que expresan su rechazo al Plan Estratégico de Competitividad (PEC) de los astilleros públicos, cuya negociación reclaman, informa Primitivo Carbajo. El PEC afecta en Galicia a los astilleros de Astano, en Ferrol, y de Barreras, en Vigo. El Ayuntamiento de esta ciudad también aprobó ayer, por unanimidad, el acuerdo que ya firmaron el viernes en el mismo sentido los integrantes de la mesa del sector naval. Sólo los empresarios privados parecen estar de acuerdo con las propuestas del INI.

También la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla mostró su rechazo al ajuste de los astilleros en el curso de una reunión en la que denunció "la injusticia" que supone el nuevo intento de regular el sector y sus "drásticas" medidas de reducción de instalaciones y de personal que afectan especialmente a Andalucía. La Cámara alertó al Gobierno andaluz del "gran riesgo que corre nuestra economía si ese diseño de reestructuración del sector se lleva a efecto" y pidió a la Junta que sea "fuerte y decidida frente a la injusticia que ya está en marcha".