Los Gobiernos vasco y catalán contratan los servicios de 'lobbies' de EE UU

Los Gobiernos de Cataluña y el País Vasco pagan varios millones de pesetas cada año a lobbIes norteamericanos para la promoción de su imagen en Estados Unidos, así como para la búsqueda de contactos en este país, la atracción de inversiones y la promoción de sus productos. Asimismo, el Gobierno de Euskadi realizó donaciones para financiar la campaña electoral de congresistas republicanos de origen vasco.

El contrato de la Generalitat con un agencia de lobby es de 4.000 dólares al mes, aunque en el segundo semestre de 1994 pagó además 27.000 dólares en concepto de relaciones públicas. El Gobierno español no trabaja con ningún lobby norteamericano, aunque la Cámara Oficial de Comercio de Puerto Rico, a la que el Ministerio de Comercio subvenciona con 90.000 dólares al año, está registrada en Estados Unidos dentro de ese mismo concepto.Estos datos están archivados en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que cada seis meses hace público un balance con las actividades de los lobbies extranjeros y el dinero que reciben de sus clientes. Se trata de una actividad frecuente en este país, donde una gran parte de los Gobiernos de otras naciones contratan despachos de abogados especializados en la práctica de buscar influencias dentro de las instituciones públicas y privadas norteamericanas.

El Gobierno de Euskadi, que es con gran diferencia el que más presupuesto dedica a esa faceta, gastó en el periodo de seis meses que concluyó el 31 de marzo de este año alrededor de 20 millones de pesetas en distintas actividades de ese tipo y algunos miles de dólares más en la financiación de las campañas electores de congresistas de origen vasco.

El Gobierno vasco actúa a través de dos canales: la firma McCIure, Gerard and Neuenschwander, a la que pagó entre octubre de 1994 y marzo de 1995 70.678 dólares, y la Asociación Vasco-Americana, a la que entregó en ese mismo periodo una donación de 10 millones de pesetas. Esta asociación, a su vez, 'pagó al despacho mencionado anteriormente otros 22.5.37 dólares.

En el mismo plazo de seis meses, el último del que dispone el Departamento de Justicia, el Gobierno vasco contribuyó con 1.000 dólares a cada una de las campañas de 13 miembros del Congreso, todos ellos republicanos, y depositó 7.000 dólares en tres actos de recaudación de fondos de parlamentarios del oeste de Estados Unidos, el área don de se concentra la mayor parte de la comunidad vasco-norteamericana.

"La principal actividad durante el periodo citado", afirma, el informe del Departamento de Defensa, "fueron los arreglos y la organización de una visita a Washington DC del presidente del Gobierno autónomo del País Vasco, José Antonio Ardanza". Ardanza consiguió en esa visita una entrevista con el vicepresidente, Al Gore, y con los principales miembros del Congreso. La Embajada de España en Washington no intervino en absoluto en la preparación del viaje, y el embajador tan sólo acudió como invitado a algunos de los actos. La recepción que el grupo de lobbistas le organizó a Ardanza en el Congreso costó 2.889 dólares.

La Generalitat contrató su lobby en Estados Unidos con la firma Smith McCabe Limited en septiembre del año, pasado. El firmante del documento fue Xavier Vilalta, que es director del Centro para la Información y el Desarrollo de Negocios, una oficina en Nueva York dependiente de la Consejería catalana de Industria.

La decisión de contratar un lobby, según Vilalta, fue tomada porque "España y Cataluña en particular tienen falta de reconocimiento y necesitan este tipo de ayuda". Vilalta considera que la actividad que hace la compañía Smith McCabe no es exacatamente de lobby, en cuanto no tratar de ejercer influencia política, n sobre la Administración ni sobre los miembros del Parlamento. Si objetivo es el de conseguir con tactos con empresas norteamericanas para facilitar sus inversiones en Cataluña o para que conozcan los productos fabricado en esa comunidad.

Xavier Vilalta considera que la cantidad que la Generalitat emplea en esa labor, unos seis millones de pesetas cada seis meses, es mínima comparada con que dedican otros Gobiernos del mundo, aunque reconoce que Ios resultados de esa inversión "son difíciles de medir por el momento".