El PP respalda a Cañellas para conseguir que dimita

El Partido Popular ha optado por exculpar públicamente en toda la línea al presidente del Gobierno de Baleares, Gabriel Cañellas, en un intento de fácilitar su dimisión, aunque ayer tampoco tenía garantías plenas de que ésta vaya a producirse. En lo que adquiere el aspecto de un pacto implícito entre ambas partes -la dirección nacional, con José María Aznar a la cabeza, y el partido en las islas, que mayoritariamente respalda a su líder regional-, el informe de la comisión de investigación interna encargado por el presidente de PP no aborda el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión del túnel de Sóller y descarta irregularidades en la adjudicación de la construcción y la explotación de la mayor obra pública de las islas.

El objetivo de Aznar y de la dirección es la dimisión áe Cañellas. Este gesto serviría para simbolizar, según creen en Génova 13, la sede central del partido, que el PP acepta responsabilidades políticas antes de que los jueces decidan, como ha pedido el líder del PP en repetidas ocasiones al partido socialista y al presidente del Gobierno, Felipe González.La petición de dimisión a Cañellas sigue en pie "por responsabilidades políticas" que en el informe no se analizan. Su redactor, Carlos Argos, secretario del Comité Nacional de Conflictos, declaró ayer que no es función suya determinarlas. Las responsabilidades serían simplemente fórmales, según fuentes de la dirección del PP, y se limitarían a que el presidente balear 'falló en la explicación del asunto" y no supo "garantizar" a la opinión pública que no hubo financiación irregular.

Otras fuentes señalan, no obstante, que también ha habido cuestiones de fondo, como la ocultación a la contabilidad nacional, por parte de la organización balear, de donaciones económicas. El importe sería de menos de 10 rnillones, muy inferior a lo que calculan los investigadores del caso Sóller. Argos se refiere crípticamente a este dinero como "posibles ingresos que tuviera el PP en Baleares durante l989". Dice que "pudieran ser donaciones al amparo de la legislación entonces vigente" y afirma que "dificilmente puede concretarse" su origen.Donaciones anónimas

En abierta coincidencia con el objetivo central de la dimisión de Cañellas, el informe encargado a Carlos Argos ha acabado por convertirse en un grueso alegato de 48 folios, exculpatorio de Cañellas y de la gestión de su Gobierno en relación al polémico túnel, cuya adjudicación se produjo el 23 de febrero de 1989 con un plazo de apertura al tráfico de 26 meses y cuyas obras están aún inconclusas.

Pese a todo, la dirección nacional no tenía ayer la certeza de conseguir la dimisión de su líder en Baleares y dudaba si las manifestaciones de apoyo que éste ha recibido en los últimos dos días obedecen a un intento de resistencia de Cañellas o son una demostración de fuerza antes de dimitir, para poder volver a ocupar otras responsabilidades si no es inculpado. Esta posibilidad, si el caso Sóller se resuelve favorablemente en los tribunales, no es descartada en absoluto por la dirección.

La adjudicación de la construcción del túnel a Antonio Cuart, a cambio de la explotación del peaje durante 28 años, se hizo por concurso. La oferta de Cuart quedó en tercer lugar, con 50,57 puntos, muy por debajo de la primera, que obtuvo 72,56 y la segunda, que logró 65,65.

Pese a ello, Cuart ganó el concurso porque ofreció la alternativa más favorable para los vecinos de las localidades de Sóller y Fornalutx, mediante una tarifa especial que reducía el peaje ordinario de 350 pesetas para los turismos a 90 pesetas, y en similar proporción para las restantes categorías de vehículos.

Argos destaca en su informe que los ayuntamientos de ambas localidades y las fuerzas políticas, incluso el PSOE, defendieron por escrito esta opción por la circunstancia citada. Subraya también que las empresas que quedaron por delante de Cuart no recurrieron.

Respecto a las sucesivas prórrogas (primero de 24 meses y después de 12), concedidas por dificultades técnicas, y a la última, sobre la que aún no existe resolución administrativa, justificada por dificultades económicas, el informe asegura que fueron correctas y estuvieron apoyadas por informes técnicos. En conclusión, la adjudicación del túnel y las prórrogas, según Argos, fueron ajustadas a derecho y no existió prevaricación (adopción de una decisión injusta a sabiendas por un funcionario público).

En cuanto a la otra investigación, de la que han salido a la luz las sospechas sobre cobro de comisicines por el PP balear, Argos arguye que "no consta hasta el día de la fecha imputada ninguna persona del PP" ni del Gobierno, "razón )or la cual (...) no puede entrar a hacer referencia fáctica alguna". Argos insinúa que el encargo de Aznar ya excluía esta vertiente del caso al escribir que tampoco es "objeto del presente informe".