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Los sindicatos exigen un compromiso Aznar con funcionarios y pensionistas

Javier Sampedro

Las centrales sindicales han desviado su atención del Gobierno socialista y han consagrado a José María Aznar como interlocutor válido. Los líderes y UGT y CC OO, Cándido Méndez y Antonio Gutiérrez, emplazaron ayer al presidente del PP a que se comprometa a respetar los pactos para el poder adquisitivo de los funcionarios de los pensionistas, y a que aclare si tiene intención de profundizar en la reforma laboral.

Méndez y Gutiérrez clausuraron ayer en Santander el seminario Economía, trabajo y sociedad; España, a mitad de los años noventa, organizado por el Consejo Económico y Social (CES) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El panorama económico, a mitad de los años noventa, es cualquier cosa menos halagüeño en opinión de los líderes sindicales, que prodigaron adjetivos como "aterrador", "surrealista" y "sádico" -además de sustantivos como "bodrio" y "pastiche" para referirse a distintos aspectos de la política industrial del Gobierno, a la ortodoxia monetaria de Economía y a las, a su juicio, escasas posibilidades de los socialistas para sacar adelante unos presupuestos creíbles en mitad de la tormenta política.Pero, aunque el actual gabinete sea el blanco de críticas cada vez más virulentas, los sindicatos han empezado a dirigir sus reivindicaciones al PP. Méndez demandó de Aznar "una declaración explícita e inequívoca" de que no promoverá alteraciones de las condiciones laborales sin recabar un acuerdo previo con la patronal y los sindicatos. Gutiérrez exigió que respete los acuerdos, que tienen una validez de tres años, para no deteriorar las condiciones de los jubilados y pensionistas y para mantener el poder adquisitivo.

También criticaron al Círculo de Empresarios, que el jueves acusó, a los sindicatos de frenar la creación de empleo y propuso la creación de contratos indefinidos con indemnizaciones pactadas. Gutiérrez calificó esta modalidad como "contrato abocado permanentemente al despido", y Méndez dijo que era "falsedad" que la eliminación de garantías fuera la vía para estabilizar el empleo.

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