El Tribunal de Cuentas destapa 27 contratos municipales irregulares

VIENE DE LA PÁGINA 1Izquierda Unida pedirá que la comisión de vigilancia de las contrataciones examine los 27 contratos anómalos. Por su parte, el PSOE propondrá que la comisión especial de cuentas analice la cuestión. Enrique Tierno Pérez-Relaño, portavoz socialista de Hacienda, reclama la máxima transparencia sobre las operaciones municipales de crédito. "El Tribunal de Cuentas hace bien en exigir que se, cumplan todas las formalidades, porque durante aquellos dos años, el endeudamiento municipal se duplicó y ocasionó los desfases presupuestarios que hoy pagamos", denuncia Tierno Pérez-Relaño. "Como aplazaron la amortización del capital, en 1996 se dispararán enormemente los gastos financieros, que asfixiarán al Ayuntamiento", vaticina.

Hasta 1.317 proyectos de obras se ejecutaron durante este polémico bienio gracias al dinero conseguido de los bancos. Entre esos proyectos destacó el túnel de Cristo Rey, que se hizo con tres turnos de trabajo para adelantar su entrada en funcionamiento.

Los créditos a largo plazo que solicitó Echeverría en nombre del Ayuntamiento de Madrid para determinadas inversiones no se emplearon para ese fin, según el Tribunal. Las operaciones de tesorería -créditos a corto plazo que se piden a los bancos para solucionar apuros económicos coyunturales hasta que se cobran los impuestos, a finales de año- tampoco se destinaron a su finalidad, como lo demuestra el hecho de que no se saldaron al concluir el año, según el Tribunal.

Por último, "las operaciones de crédito no se acreditan sometidas a la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda", señala el Tribunal como falta destacada. La ley obliga a pedir permiso al Estado cada vez que superan una determinada cuantía -en 1991 eran 7.000 millones-.

Los auditores públicos apuntan que estas operaciones de tesorería se contrataron sin estudiar los mercados para "dejar constancia de su idoneidad". Según los auditores, los dirigentes municipales no analizaron todas las ofertas bancarias de manera que se pudiera garantizar que el préstamo conseguido era el más adecuado a los intereses públicos.

El Tribunal de Cuentas mantuvo sus denuncias pese a las alegaciones que el Ayuntamiento de Madrid presentó el 21 de diciembre de 1993.

1 Además de las operaciones con los bancos, el Tribunal de Cuentas analizó otros 11 contratos, donde revela las siguientes anomalías:Cine muy caro. Las 30 mejores películas europeas que la Concejalía de Cultura seleccionó por 37 millones de pesetas mediante contratación directa "pueden entrañar un perjuicio económico para los intereses municipales", según el Tribunal de Cuentas. Alquilar la copia de una película cuesta en el mercado, entre 30.000 y 50.000 pesetas. Una copia nueva, alcanzaría las 225.000 pesetas, según indicaron ayer a este periódico fuentes del sector. Según el Tribunal de Cuentas, en el contrato "no se acreditó la urgencia" de la operación para utilizar el método de la contratación directa. El contrato se adjudicó a una empresa sin que existiera "consulta previa a otras capacitadas". La fecha de la oferta es incluso anterior a la aprobación de los pliegos de condiciones.

Limpieza en la publicidad. El concurso que la entonces edil de Medio Ambiente, Esperanza Aguirre (PP) -ahora primera teniente de alcalde-, convocó para una campaña de publicidad urbana que costaría 100 millones de pesetas "no acreditó los criterios selectivos sobre los que versaba la licitación".

El municipio, según explicaron ayer, alegó en su día: "Los pliegos de condiciones técnicas sí fijaron los criterios que han de. contener las ofertas concurrentes".

Ayuda a domicilio. El contrato que prorrogó por 1.593 millones de pesetas el servicio municipal de ayuda a domicilio modificó las claúsulas de revisión de precios de forma ilegal. Además, reconoció unos gastos complementarios como consecuencia del conflicto laboral -huelga de los trabajadores durante varios meses- que no fueron adoptados "por el órgano competente". Este contrato corresponde ya al mandato de Álvarez del Manzano.

Pasos a nivel. Tras adjudicar 130 millones para conservar los pasos a nivel de vehículos y peatones, el Tribunal de Cuentas ha encontrado que "las prestaciones [contratadas] y sus abonos no se acreditan realizados", y la unión temporal de empresas se creó después de la adjudicación. En el departamento de Obras e Infraestructuras lo explican así: "Los trabajos se adjudicaron a Pacsa y José Castro Mateo el 19 de diciembre de 1991. Se comprometieron a constituirse en Unión Temporal de Empresas si se les adjudicaba la obra, cosa que hicieron el 13 de abril de 1992 en escritura pública ante notario, y ejecutaron la tarea. Sería absurdo que se hubieran constituido antes de que se les adjudicara el contrato".

El Tribunal de Cuentas, en las conclusiones principales de su informe, advierte a los gestores municipales: "Es necesario que las corporaciones extremen el cumplimiento de la normativa reguladora de sus procedimientos, puesto que su inobservancia generalizada no sólo afecta a la regularidad de la gestión, sino también, y de manera importante, a la eficacia y a la economía"

Los concejales de Madrid no son los únicos que olvidaron las normas. La contratación municipal de 1991 también tuvo defectos importantes, según el Tribunal de Cuentas; en Alcalá de Henares (creación del Museo de Arte Contemporáneo de Escultura); Arganda del Rey (construcción de 10 naves en el polígono industrial y compra dé dos barredoras mecánicas); Getafe (construcción de cinco aparcamientos subterráneos y la venta de una parce la); Mejorada del Campo (construcción de una piscina al aire libre y un aparcamiento subterráneo); Pinto (limpieza viaria, Pozuelo de Alcorcón (recogida de basuras, venta de par celas en la ampliación de la Casa de Campo); San Fernando de Henares (adquisición equipo informático); San Martín de Valdeiglesias (rehabilitación del Ayuntamiento y recuperación antiguas escuelas para Casa de Cultura). De la gestión económica de los grandes municipios (mayores de 50.000 habitantes) estudiados por el Tribunal de Cuentas destaca el bajo nivel de ejecución de las inversiones (obras nuevas). Los auditores citan dos pésimos ejemplos: en los municipios de Leganés (27%) y Móstoles (41%). Y uno espléndido: Getafe aparece por su eficaz gestión con una ejecución del 99% de sus inversiones presupuestadas.El Tribunal no pudo examinar la gestión de 51 de los 139 municipios inferiores a 5.000 habitantes porque no rindieron cuentas. Tampoco pudo hacerlo con Rivas Vaciamadrid, Colmenar Viejo, Galapagar y Humanes, cuatro de los 28 pueblos entre 5.000 y 150,000 habitantes.