Un pestazo a león

Las diligencias sobre el caso Sóller instruidas en paralelo por un juzgado de Palma de Mallorca y por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares hacen presentir, como los puntos silueteados de referencia en los cuentos infantiles que permiten a los niños trazar el dibujo de un elefante o de un castillo, la explosión de un nuevo escándalo de corrupción institucional, esta vez a cargo del PP. Los hechos aflorados muestran la imagen ya familiar de unas complicadas operaciones de ingeniería financiera orientadas a borrar las huellas y ocultar los rastros de las comisiones millonarias ilegales pagadas por la empresa concesionaria de un servicio público a un partido político como contraprestación por haber conseguido que una Administración Pública situada bajo su control adoptase una decisión favorable a sus intereses. El PP ejerce el poder en la comunidad de Baleares desde 1983 y ha tejido durante ese tiempo una tupida red clientelar; la sinceridad de las promesas populares de reducir los cargos ejecutivos a dos mandatos ha quedado desmentida con la reelección de Gabriel Cañellas para otros cuatro años tras doce de presidencia.La invocación a la presunción de inocencia en el caso Sóller tropieza con el aburrido escepticismo de una opinión cansada de las versiones inverosímiles dadas siempre por todas las organizaciones políticas cuando son atrapadas con las manos en la masa en un asunto de financiación ilegal. Las enmarañadas relaciones de la concesionaria del túnel de Sóller con el Gobierno de Cañellas recuerdan la historia del cazador que cuenta a sus amigos en la sobremesa de un almuerzo cómo una noche se despertó sobresaltado en el campamento de un safari, vio a pocos metros el amenazador bulto de un león y consiguió ahuyentarle blandiendo una tea encendida; las miradas incrédulas y los comentarios reticentes de los contertulios no arredraron al narrador: aunque la oscuridad nocturna tal vez pudiera haberle dificultado la visión en aquel momento, el pestazo a león del animal puesto en fuga era inconfundible.

Con el trasfondo de ese pestazo a financiación irregular de la organización balear presidida por Cañellas, la dirección nacional del PP ha ordenado a su comisión de control y disciplina una investigación interna: no hace falta demasiada malicia para desconfiar de la imparcialidad de unos árbitros que saltan al terreno de juego con la camiseta del equipo local o de unos detectives llamados a dilucidar las conductas sospechosas de sus superiores jerárquicos. Cuando la prensa descubre escándalos del PSOE, los populares condenan los intentos socialistas de matar al mensajero periodístico y hacen grandes elogios tanto de los jueces encargados del sumario como de los expertos fiscales y policías a su servicio. Ahora, en cambio, los portavoces del PP esparcen dudas sobre la neutralidad de la Agencia Tributaria, se lamentan de las filtraciones a los medios de comunicación, atribuyen tales infidencias a los miembros del Grupo de Delincuencia Económica encargado del asunto y amenazan con querellarse contra esos funcionarios de la seguridad del Estado: una actitud más que preocupante si anticipase la línea de actuación del PP cuando forme Gobierno y dirija el Ministerio de Justicia e Interior.

Una mancha no se limpia con otra: la eventual financiación ilegal del PP en Baleares no implica la amnistía para casos semejantes protagonizados por el PSOE, el PNV o CiU. Por el contrario, la generalizada corrupción institucional de los partidos, instrumentada mediante comisiones ilegales y donativos disfrazados, exige que sus dirigentes, en vez de jugar al ratón y el gato con la judicatura y la prensa para ocultar los sobornos que reciben de unos y las extorsiones que imponen a otros, supriman de manera concertada unas prácticas delictivas que están socavando la confianza de los ciudadanos en la clase política y poniendo en peligro no sólo el buen funcionamiento, sino también la supervivencia a largo plazo de la democracia.