Roldán exculpa a su esposa ante la juez Ferrer

El ex director general de la Guardia Civil salió ayer de la cárcel de Brieva (Ávila) para ser informado personalmente por la juez Ana Ferrer de su auto de procesamiento. Luis Roldán volvió a negarse a declarar ante la magistrada que instruye su caso. Sólo rompió su silencio sobre el auto de procesamiento dictado la víspera para exculpar a su esposa, Blanca Rodríguez-Porto, -también procesada por malversación y por un delito con la Hacienda pública-, pues aseguró que ella sólo hacía lo que él le mandaba. Su abogado y cuñado José Luis Rodríguez Pérez inunció su intención de recurrir el auto.

La expectación causada ayer ante la posibilidad de que Luis Roldán pudiera romper su silencio ante la juez Ana Ferrer no se vio satisfecha. Roldán, que permaneció ante la titular del Juzgado de Instrucción número 16 apenas 45 minutos, volvió a acogerse a su derecho constitucional a no declarar, como ya hizo al ser puesto a su disposición por primera vez ' cuando alegó que no declararía hasta que no fuese determinada la falsedad de los papeles de Laos.Roldán se limitó ayer a asegurar que no estaba conforme con los hechos y los seis delitos que le son imputados: malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, cohecho, falsedad y delito contra la Hacienda pública.

Lo que sí hizo el ex director general de la Guardia Civil, que según fuentes jurídicas se encontraba "nervioso, pero seguro de lo que quería", fue tratar de exculpar a su esposa, Blanca Rodríguez-Porto, pues aseguró que había sido implicada exclusivamente por ser su mujer. En este sentido, adujo que Blanca Rodríguez actuó siempre bajo su mandato, "limitándose" a hacer lo que él le ordenaba. Su esposa, indicó, es socia de Europe Capital -la empresa instrumental que Roldán creó para ocultar su patrimonio desde- mucho después de que la sociedad adquiriera los bienes que son considerados de procedencia ilícita.

Para Roldán, el hecho de que Blanca Rodríguez-Porto conociera perfectamente el manejo de los fondos reservados, como se dice en el auto de procesamiento, se debe exclusivamente a que él se lo contó todo la víspera de su huida de España.

Remite a Garzón

Ante las preguntas de Ana Ferrer, el ex director del instituto armado se remitió a lo que declaró en su día ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y pidió que se solicitaran todas las diligencias practicadas en relación con su extradición. Algo a lo que ya se negó anteriormente la magistrada, decidida a no admitir en la causa declaraciones ajenas a la misma. En esta ocasión Ferrer dijo que eran ellos los que, si lo estimaban procedente, debían solicitarlo y no ella.

Rildán tampoco quiso decir si estuvo alguna vez en Laos, si bien, según manifestó a la salida de los juzgados su abogado, aclarará este punto oscuro en el juicio oral. Lo que sí aseguró fue que su entrega fue irregular, por lo que Rodríguez Pérez indicó que su cliente había alegado indefensión y violación de sus derechos fundamentales en relación con su proceso de puesta a disposición judicial. Por ello, solicitó al juzgado el amparo por estas supuestas violaciones, al entender que ha existido al menos inhibición por parte de Ana Ferrer en los trámites legales de la extradición activa.

También aseguró su convicción de que podrán "desmontar todos y cada uno de los delitos de los que es acusado", que calificó en muchos casos como "imputaciones absolutamente inverosímiles".

Para el letrado, la resolución judicial, en la que se procesa a otras 13 personas, es una lectura interesada de las diligencias del suínario". Entre otras imputaciones, negó lo que se dice en el auto sobre el manejo de los fondos reservados que hizo su cliente.

También negó tajantemente que Luis Roldán cobrara más de 100 millones de pesetas de dos empresas constructoras de la autovía de Leizarán, Laín y Obrascón, a cambio de un ficticio servicio de contravigilancia ante las amenazas que habían recibido de ETA. El ex director del instituto armado, dijo, le informó de que en una ocasión estuvo reunido con estas empresas, pero que en dicha reunión también estaban presentes los entonces ministro del Interior, Jose Luis Corcuera, y la delegada del Gobierno en Madrid, Ana Tutor.

Por otra parte, la juez requirió a Roldán la fianza de 1.500 millones de pesetas fijada para garantizar las responsabilidades civiles, ante lo que éste señaló que no tiene más bienes que los. que conoce el juzgado y que creía que estaban embargados.