Atajos

Desde que comenzó la lluvia de escándalos se viene esgrimiendo la retórica de su presunto carácter antidemocrático como línea de defensa para tratar de contrarrestarla. Para ello se argumenta que ciertos poderes fácticos, a través de sus medios de prensa, estarían utilizando los escándalos para expulsar del poder a González sin pasar por las urnas, obligándole a dimitir (o a convocar elecciones forzadas) con total desprecio de los cauces constitucionales previstos para ello, al margen del proceso político y desde fuera de la sede parlamentaria. Lo cual implicaría un espurio intento antidemocrático de sortear la soberanía popular al tratarse de una facción no representativa que pretendería imponerse sobre la mayoritaria voluntad general.Esta tesis del atajo extraparlamentario admite diversas variantes. La más simple es recusar las prisas de Aznar por ocupar el poder sin pasar por las urnas ni atreverse tampoco a presentar la moción de censura. Pero hay otras: recuérdese la leyenda del señor Z como presunto promotor de la reapertura del caso GAL. También pertenecen al mismo género literario las lamentaciones sobre la perniciosa judicialización de la política, que estaría secuestrando sin control alguno a la cautiva soberanía popular. Y la última versión, hasta la fecha, es la tesis de la conjura (pulso al Estado, conspiración contrainstitucional, etcétera), a la que parece preferible llamar confabulación, dado su fabulado carácter de ficción fabulosa. En fin, esta retórica delatora del chantaje antidemocrático ha llegado a ser tan omnipresente que ha terminado por contagiar a sus adversarios. Así sucede, en efecto, con los ataques que toda la oposición dirige contra el apoyo extraparlamentario (pues no ha sido reflejado por ninguna coalición explícita ni refrendado por moción de confianza alguna) que la minoría catalana venía prestando al poder socialista. Aquí se produce, además, una rara unanimidad, pues a esta denuncia del espurio pacto contra natura contraído por González y Pujol se adhieren no sólo los adictos a la abeceína o la mundicia, sino incluso ciertos observadores independientes, que se duelen de la vieja política caciquil que se cuece sin luz ni taquígrafos a espaldas de la ciudadanía. No obstante, pese a tanta denuncia de lo antidemocrático del atajo extraparlamentario, hay que negar la mayor, recordando lo más obvio: y es que no hay nada ilegítimo en actuar sobre el poder desde la sociedad civil (los tribunales, la prensa, el mercado, la calle, la fábrica o cualquier otro foro de debate público), aunque no sea con urnas ni en sede parlamentaria. El mismo derecho que tenían CC OO y UGT para echarle un pulso extraparlamentario al Gobierno, declarando huelga general y tomando la calle con sus piquetes informativos, es el que hoy asiste al sindicato antifelipista para tomar la prensa al asalto, asediándola con los piquetes informativos de David Perote.

No se puede reducir la democracia a su expresión minimalista: urnas cada cuatro años y monopolio legislativo de toda la voz pública (que en un sistema parlamentario como el nuestro termina por coincidir además con la voz gubernamental, dada la identidad entre Ejecutivo y mayoría). Pues, como nos enseñó Tocqueville y sostiene hoy la escuela pluralista (Almond y Dahi), la democracia es mucho más: es el arte de asociarse con independencia del poder para poder reivindicar y ejercer derechos frente a éste. Y por eso el poder democrático debe consistir en dar respuesta a las plurales demandas que, por cualquier medio penalmente lícito, en todo foro público de debate y no sólo a través de las urnas, formule libremente la ciudadanía. ¿Cómo ha podido olvidarlo el socialismo, que antaño sostuvo el derecho de los movimientos sociales a reivindicar sus intereses más allá del estrecho cauce de las urnas? ¿Por qué ha de reducirse el actual poder socialista a dar tan sólo respuesta a quien sostenga su estrecha mayoría parlamentaria, ignorando cualquier otra voz ajena a su exigua base electoral que le pida cuentas?