Aznar, ante el efecto rebote

Con la decisión de iniciar una investigación interna sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la organización del PP en Baleares, José María Aznar intenta adelantarse a los acontecimientos y demostrar capacidad de reacción en un momento de especial riesgo para su credibilidad. Su discurso de los dos últimos años se ha centrado en la denuncia de la corrupción y de la cadena de escándalos que salpican al Gobierno. De pronto, la coincidencia de dos casos que le afectan amenaza gravemente su proyecto político para los próximos años.Por una parte, Miguel Pérez Villar, consejero en el Gobierno de Aznar en Castilla y León, conocerá en pocos días la sentencia por el asunto de la minería, la presunta concesión irregular de subvenciones a empresas asesoradas por la esposa del consejero. Si es condenatoria, el presidente de los populares se encontrará ante un caso de responsabilidad política. Él llamó a Pérez Villar a su Gobierno y firmó alguna de las subvenciones sospechosas, puesto que excedían de un límite que Aznar había fijado para controlar mejor el gasto del Ejecutivo de la comunidad autónoma. Si Pérez Villar es condenado, será patente que el control no funcionó.

El presidente del PP ha adelantado ya en el Congreso, frente a Felipe González, lo que será su línea argumental, la diferencia de comportamientos con los socialistas ante los casos de corrupción que les pueden afectar. El PP aceptó una comisión de investigación sobre el asunto en las Cortes de Castilla y León y luego votó a favor del suplicatorio del hoy senador Pérez Villar. Si el ex consejero se sienta en el banquillo es porque el PSOE no aceptó las conclusiones de la comisión parlamentaria y uno de sus procuradores en la región presentó denuncia ante los tribunales. Aznar ironiza sobre las quejas de los socialistas por la "judicialización de la vida política" a propósito de casos en los que el PP está personado.

Si el asunto de la minería se cruza con el discurso del principal partido de la oposición sobre escándalos como los de Luis Roldán o Mariano Rubio, cargos de confianza del Gobierno que se aprovecharon para sus trampas, las supuestas comisiones que se investigan en Baleares tendrían que ver, si se confirman, con lo más grave que Aznar y la cúpula de su partido han dicho nunca sobre los socialistas: que gracias a Filesa compitieron con ventaja en las elecciones.

Esta afirmación, obvia si se comprueba una financiación del PSOE al margen de la ley, causó en su momento absurdas acusaciones desde el partido del Gobierno, según el cual los populares erosionaban el sistema democrático y ponían en duda el resultado electoral. Pero, si el PP recibió comisiones ilegales en Baleares, todas las demás fuerzas políticas tendrán perfecto derecho a señalar a Gabriel Cañellas y al resto del PP de las islas como jugadores de ventaja.

El riesgo es demasiado evidente para Aznar, cuando su partido lleva ganadas dos convocatorias electorales sucesivas y se prepara para la tercera, por mucha que sea la diferencia de dimensión entre la trama de Filesa y las cifras manejadas en tomo al túnel de Sóller. El líder del PP puede acabar atrapado entre la sombra de un antiguo consejero y un hombre de Manuel Fraga como es Cañellas, el más veterano de los presidentes de Gobierno regional de su partido, que ya cuenta con 10. La única salida es demostrar también aquí diferencia de comportamientos, pero ahora por adelantado.