La ley electoral
LOS PRESIDENTES de las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, Alberto Ruiz-Gallardón y José Bono, respectivamente, han puesto sobre la mesa una cuestión tan polémica como apremiante: la reforma de la ley electoral. Es probable que los tiempos de tribulación que corren no sean los, más adecuados para resolver algo que exige un alto grado de consenso entre los partidos y es seguro que no es tarea para esta turbulenta legislatura, pero sin un punto de audacia nunca se encontrará el momento propicio. Casi todos están de acuerdo en que el sistema vigente de listas cerradas y bloqueadas distancia a los elegidos de los, electores, otorga un poder absoluto a las cúpulas de los partidos, favorece el clientelismo y, en definitiva, contribuye a que los ciudadanos se alejen de los políticos. De la corrección de éstos vicios depende en buena medida la salud del sistema democrático: se trata de fortalecer los vínculos entre políticos y ciudadanos, conferir inmediatez a esta relación y aunientar así las posibilidades de fiscalización directa. La democracia parlamentaria ha triunfado e n este fin de Siglo en zonas del mundo que nunca antes la habían conocido, y allí donde goza de antigua implantación se. ha fortalecido con la demostración ya no refutada de que se trata del sistema político menos malo de cuantos se han probado.
Pero la democracia está al mismo tiempo en un periodo de redefinición por muchas de las prácticas que tradicionales han demostrado no, estar a la altura de una sociedad civil que demanda más, participación y mayor control sobre las decisiones de sus representantes. La irrupción de las candidaturas independientes en la escena política, pero también el abstencionismo, son indicios de estas insuficiencias.
Los partidos son uno de los pilares de la democracia. Pero las listas electorales cerradas, -que en la primera transición trataban de fortalecer a unas siglas políticas aún débiles- favorecen la sumisión de los políticos a sus cúpulas partidarias y no a los electores. Las listas abiertas, en las que los electores pueden ordenar los nombres según sus preferencias, darían una mayor libertad a los votantes, aunque allí donde se pusieron en practica Italia, por ejemplo- no alteraron en nada la previa decisión de los partidos.
Más radical sería una reforma de las circunscripciones electorales y una eventual introducción del sistema mayoritario, cuestiones ambas que en España es tán constitucionalizadas, y que exigirían, por tanto, una reforma de nuestra Carta Magna. La Constitución de 1978 establece la provincia como circunscripcion electoral y un sistema de representación proporcional corregida. Adoptar un sistema mayoritario a la británica contaría, sin duda, con la oposición abierta de formaciones como Izquierda Unida, cuya representación párlamentaria, ya disminuida por la ley d'Hont, Se vería aún más mermada. Un consenso sobre esas bases sería inalcanzable. Pero, las posibilidades de acuerdo serían mayores sobre la base de una fórmula. electoral como la alemana, en la que se combinan el sistema mayoritario y el proporcional, de fórma que se estrecha la relación entre el candidato y el elector sin que por ello desaparezcan del Parlamento los partidos menores.
Éste es el sistema que ha, recordado alguno de los políticos que propone la apertura de este debate. Es un problerria complejó, y cada propuesta tienen ventajas e inconvenientes. Pero lo que. es evidente es que cuando nos vamos acercando al vigésimo cumpleaños de nuestra Constitución democrática es posible y pertinente plantearse las posibilidades existentes y buscar fórmulas que, puedan se en su día consensuadas por las fuerzas, políticas. El ámbito autonómico y, él municipal podrían servir incluso de banco de pruebas. Que los aparatos de los partidos son poco partidarios de estas me didas no deja de ser lógico. Pero los partidos tradicionales tienen que ser conscientes de que o se ponen en vanguardia de este proceso que se podría calificar como de intensificación de la democracia, o sufrán un alejamiento cada vez mayor de la sociedad,. con lo que esto implica electoramente. Es un debate largo por necesidad y complejo. Pero, por ello, hay que abrirlo a la mayor brevedad posible.
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