Garzón interrogará al coronel Perote sobre las conexiones entre el Cesid y los GAL

El juez Baltasar Garzón interrogará sobre las eventuales conexiones entre el Cesid y los GAL al coronel Juan Alberto Perote, antiguo jefe de la Agrupación Operativa del servicio secreto. Garzón citará también a declarar al coronel Manuel López Fernández, sucesor de Perote, que ha testificado en el Juzgado Central Militar y cuya declaración ha servido de base para el encarcelamiento de Perote. Las citaciones no se han producido aún, y Garzón está a la espera de que el juez togado militar, Jesús Palomino Yébenes, le remita los aspectos de las declaraciones de ambos une tengan relación con los GAL

El coronel López Fernández, que sucedió en el mando de la Agrupación Operativa a Perote, hizo una descripción detallada de los documentos sustraídos al Cesid para convencer al juez Palomino Yébenes de que su difusión puede afectar a la seguridad nacional. En sus explicaciones, consideradas secretas por el juez, se menciona que entre el material microfilmado que Perote se llevó presuntamente al abandonar el Cesid, en noviembre de 1991, figuran informaciones sobre la lucha antiterrorista y los GAL.Además, las declaraciones del ex subcomisario José Amedo y el ex jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, en el caso Monbar -el más sangriento de los cometidos por los GAL con un resultado de cuatro etarras muertos- orientaron la investigación hacia el entorno del Cesid y la Guardia Civil.

Amedo mencionó el nombre de Jesús Somontes, ya fallecido, ex responsable del Cesid en el País Vasco cuando ocurrieron los hechos, mientras que Planchuelo, dijo días después que había oído que el atentado del Monbar había sido obra del Cesid. Planchuelo afirmó que Somontes y los mandos de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y Rafael Masa González le puenteaban. Según Planchuelo los tres solían visitar la Jefatura de Bilbao para obtener directamente de los funcionarios de la brigada información antiterrorista.

La posible existencia de informaciones referidas a los GAL en manos de Perote y en conocimiento de su sucesor, el coronel López, y su relación con la investigación de Garzón, ha movido al fiscal Pedro Rubira a instar al magistrado a que pida al juez militar las declaraciones de ambos en lo referente a los GAL.

Palomino Yébenes no ha resuelto la petición de Garzón de que se le envíe parte del sumario. "No obstante, aunque el juez togado no remitiese los aspectos solicitados por el hecho de que tiene declarado el secreto de la causa durante 10 días, Garzón ya tiene previsto llamar a declarar a Perote y López Fernández. La citación a los dos militares es considerada inevitable en medios de la Audiencia Nacional, que comentaron que sería delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) no llamar a declarar a un testigo del que se supone que conoce los hechos que se indagan.

En fuentes de la investigación se descarta un registro de la sede del Cesid, que ha sido apuntado por el diario Abc, dentro de las pesquisas que Garzón realiza en el caso Monbar. Las citadas fuentes lo califican de "locura", ya que, según señalan, "se está investigando a los GAL, no al Cesid", además de que sería "poco práctico" desde el punto de vista operativo.

[Garzón fue sometido a espionaje telefónico en los últimos ocho meses, según publica hoy Diario 16, que atribuye al Cesid la grabación de sus llamadas con teléfono móvil. Según el periódico, existen 30 grabaciones, la mayoría, de ellas de conversaciones que guardan relación con las principales fases de su investigación sobre los GAL].

Perote se encuentra procesado y preso en la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid) por la presunta sustracción, en 1991, de 1.200 documentos del Cesid, alguno de los cuales facilitó a El Mundo, que los publicó la pasada semana. La imputación del juez Palomino se refiere a un delito de revelación de secreto.

[Fuentes del Ejecutivo han desmentido que la causa de la salida de Perote del Cesid fuera la desaparición de 500 millones, supuestamente procedentes de los fondos reservados asignados a la Agrupación Operativa, como informó ayer Tele 5].

En el proceso que se sigue por las escuchas ilegales en el juzgado número 43 de Madrid, cuya titular es María Jesús Coronado, el fiscal Mariano Fernández Bermejo considera que hay elementos suficientes para acusar a Perote y al teniente general Emilio Alonso Manglano de un delito de interceptación de comunicaciones telefónicas. El caso está declarado secreto, pero previsiblemente Manglano y Perote serán citados en los próximos días.

El dinero de Sancristóbal

Por otro lado, y dentro de las investigaciones de Garzón sobre los medios de financiación de los GAL, ha sido citado a declarar para el próximo lunes Luis Carlos Tramullas Collado, cuñado de Julián Sancristóbal, quien presuntamente intercedió ante el matrimonio formado por Ángel Ibarlucea y Lucía Aldálur para que firmasen un acta notarial en el que se señalaba que ellos habían prestado a Sancristóbal los primeros 130 millones que invirtió en la sucursal de Indubán de Jerez de la Frontera.

El matrimonio declaró ante Garzón que el acta era falsa y que no le habían prestado dinero a Sancristóbal, porque nunca lo tuvieron, y que sólo querían ayudarle para que pudiera salir de la cárcel porque le quieren como a un hijo, sin reparar en las consecuencias jurídicas de su acción.

Tramullas, al enterarse por la prensa de que Garzón había ordenado su localización, envió un telegrama al juzgado en el que notificaba su paradero. El juez le ha convocado para el lunes.