Escuchas, dimisiones

NO ES novedad que la oposición exija dimisiones al más alto nivel como respuesta a una nueva crisis de credibilidad del Gobierno; sí lo es que esa posibilidad sea planteada, y en términos tajantes, por buena parte de los dirigentes del partido del Gobierno, y especialmente que lo hagan frente a la resistencia de su presidente. El pulso amenaza ya a la cohesión del grupo parlamentario y, en todo caso, a la alianza entre el PSOE y el nacionalismo catalán que sostiene al actual Ejecutivo. Ése es, por ahora, el resultado del escándalo por el espionaje ilegal que agentes del Cesid han practicado sobre numerosos ciudadanos, incluido el Rey.Una de las diferencias entre las dictaduras y las democracias es que en las primeras toda crisis de legitimidad de los dirigentes tiende a convertirse en crisis del régimen. Ello se debe a la concentración de poder, que impide parcelar las responsabilidades políticas. En España existe actualmente una grave crisis de credibilidad del partido que lleva 12 años gobernando. Algunas personas con medios para influir en la opinión pública intentan transformar esa crisis del Gobierno en un colapso del actual régimen de monarquía parlamentaria. Pero nada favorecería tanto sus designios como el intento por parte del Gobierno en plaza de esquivar sus evidentes responsabilidades en el escándalo de las escuchas. Eso sí que supondría una amenaza para la estabilidad del sistema. Por eso era conveniente que las explicaciones de Narcís Serra fueran acompañadas no sólo de la dimisión del director del Cesid, teniente general Alonso Manglano.

La dimisión es la forma democrática de asumir responsabilidades cuando no hay posibilidad de aportar explicaciones convincentes de un escándalo tan grave como el de las escuchas del Cesid. Porque puede darse por establecido lo siguiente: que un organismo del Estado ha espiado a numerosas personas, sin justificación válida, con abuso de poder y violando derechos individuales fundamentales; que ese organismo ha conservado las cintas que resultaron de ese espionaje ilegal, y que no ha sido capaz de evitar la efectiva difusión de ese material, que, al parecer, llevaba algún tiempo en oferta. Parece coherente que de esta combinación de abuso de poder e incompetencia se extraiga la necesidad de dimisiones en el nivel gubernamental. Pero además, el hecho de que entre el material ilegalmente captado, conservado y difundido figuren conversaciones del Rey y su círculo de amistades otorga al asunto una dimensión de desafío al sistema que no puede ser ignorada.

La especial naturaleza de los servicios secretos, en los que puede resultar difícil establecer autorías individuales, hace doblemente necesaria una clara delimitación (le responsabilidades políticas. Cuando se produjeron las grabaciones ilegales ahora conocidas, el ministro responsable del centro que las realizó, el Cesid, era Narcís Serra, en cuyo campo genérico de competencias ha seguido ese organismo. De ahí que incluso numerosos dirigentes socialistas concluyan que la dimisión del actual vicepresidente sería una salida coherente con la magnitud del escándalo. Asumir la responsabilidad política no significa, como a veces se pretende, reconocer una culpabilidad penal. Ésta se dilucidará ante los tribunales, de acuerdo con los exigentes procedimientos del derecho penal, que necesita pruebas, y no conjeturas. Pero en el terreno político, por encima del propio Manglano, es lógico que alguien responda de esas prácticas ilegales, abusivas y potencialmente desestabilizadoras. Y ello independientemente de que sea verosímil que Serra no hubiera encargado las grabaciones e incluso que no hubiera tenido conocimiento posterior de ellas.

Sin duda hay personas interesadas en desestabilizar la vida política, y será de gran interés la información que se pueda obtener al respecto. Aquí están en juego muchas cosas: primero, la actividad ilegal de los agentes que realizaron las escuchas, las grabaron y archivaron; segundo, la incompetencia profesional del propio director del Cesid que no verificó el cumplimiento de sus órdenes ni impidió la dramática fuga de información; tercero, la responsabilidad de los titulares; políticos directos, y cuarto, el chantaje al Estado que están practicando los que robaron y vendieron las cintas ilegalmente grabadas. Resulta altamente paradójica esta situación, en la que son los propios delincuentes -Amedo, Roldán o los filtradores de cintas ilegalmente obtenidas- quienes atacan la credibilidad del Estado. Pero así son las cosas cuando la falta de reflejos para atacar otros abusos de poder ha embotado la capacidad de respuesta e incluso creado una dudosa jurisprudencia, según la cual, se niega la evidencia y, si no hay más remedio, se aplaza cualquier reponsabilidad política a la sentencia de los tribunales. De aquellos polvos, estos lodos.