Financiación privada la escuela pública

En casi todos los países de la OCDE se está produciendo Un traspaso de responsabilidades de gestión a los centros educativos por parte de la Administración educativa, a sus protagonistas de primera línea de fuego: la comunidad educativa que soporta a cada centro y, en concreto, a sus equipos directivos. Las justificaciones son diversas, como proporcionar más eficiencia a la gestión, caso de Australia, Bélgica, Holanda y al principio en el Reino Unido; dar poder a los centros (Estados Unidos); o crear condiciones de mercado (el Reino Unido desde la Ley de Reforma Educativa de 1988). El proceso descentralizador hacia los centros iniciado en España, que el Proyecto de Ley sobre Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros viene a reforzar, puede clasificarse dentro de los primeros, los guiados por la idea de mejorar la eficiencia en la gestión.Esta delegación se produce esencialmente porque los centros educativos se están haciendo tan complejos que es imposible seguir manteniendo una estructura centralizada por parte de la Administración educativa. Complejidad motivada, a su vez, por cambios sustanciales que se están registrando en la sociedad: la creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo, los cambios en las formas familiares o la incorporación de nuevas tecnologías al proceso aprendizaje-enseñanza, entre otros.

Hay que añadir el marcaje creciente impuesto por otras prestaciones sociales (especialmente, sanidad y pensiones) al aumento de los recursos destinados al sistema educativo. Exagerado por un contexto de caída en picado de la natalidad, que está generando no pocos problemas de sobrecapacidad en más de una comunidad autónoma.

Este escenario presenta una nueva relación de la escuela con la sociedad, que demanda cada día más servicios extracurriculares: comedor, actividades complementarias, extensión del horario para adaptarlo al de los padres, o la necesidad de aprovechar al máximo los recursos públicos. Si no se reconocen estos cambios, poco se puede avanzar.

El citado proyecto de ley, con sus tímidas propuestas descentralizadoras, azuza viejos demonios privatizadores entre sindicatos y profesores. Llegados a este punto, habría que recordar que el compromiso social recogido desde la Declaración de los Derechos Humanos, pasando por la Constitución y llegando hasta el desarrollo específico de las leyes básicas educativas, asegura la enseñanza obligatoria y gratuita para todos. Pero para los nuevos servicios a los que deben hacer frente los centros educativos no existe el mismo compromiso. Es más, creo que atentaría no sólo contra la eficiencia, sino contra la equidad, proporcionarlos de manera generalizada y gratuita (esto es, pagada por todos). Por tanto, financiación privada para servicios no educativos prestados por los centros, con los apoyos que sean necesarios para que puedan acceder a ellos los más desfavorecidos: ayudas al transporte, al comedor, becas...

Ello conlleva, a su vez, la necesidad de asimilar, poco a poco, métodos de gestión parecidos a los de cualquier empresa de servicios, pero adaptados a la realidad de los centros educativos sostenidos con dinero público. Los equipos directivos deberán ir acostumbrándose a gestionar sus presupuestos de ingresos y gastos, a tomar iniciativas que les permitan aumentar el nivel de autofinanciación, a realizar economías que puedan ser destinadas a otras actividades, a implicar a su entorno en el apoyo del centro, a hacer más transparente su actividad, a planificar y evaluar. No hay que tener miedo, las empresas se adaptan a la competencia creciente; las escuelas también se adaptarán a los nuevos criterios de gestión y a las nuevas demandas.

Alejandro Ipiña es miembro de la junta directiva de la Asociación de Economía de la Educación.