Defensa reconoce las escuchas telefónicas realizadas por el Cesid sin orden judicial

El Ministerio de Defensa admitió ayer en una nota oficial las escuchas telefónicas realizadas por el Cesid sin mandamiento judicial, pero argumentó que al tratarse de aparatos móviles (inalámbricos) "no era ilegal" hasta que entró que entró en vigor una nueva legislación de protección de las telecomunicaciones en diciembre de 1994. La Constitución española gararantíza en el artículo 18 "el secreto de las y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial". La, nota de Defensa es respuesta a una información publicada ayer por el periódico El Mundo.

Según este diario, el servicio secreto militar español interfiere y graba desde 1984 sin autorización judícial conversaciones mantenidas desde teléfonos móviles. La información reproduce documentos internos del Cesid que dan cuenta de escuchas a personalidades como el ex presidente Adolfo Suárez; el fallecido núnistro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez o el diputado del PSOE Enrique Múgica, además de dos periodistas del citado medio. Defensa, que no niega ninguno la información, asegura que las eszuchas se dirigieron contra personas "con actividades ilegales" y aduce que si se captaron conversaziones de políticos, empresarios y periodistas fue "por azar" y no se usó su contenido.

El Grupo Popular y el de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pidieron ayer la comparecencia en el Congreso de los Diputados del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, para que explique el presunto espionaje ilegal. El Gobierno, a su vez, solicitó la comparecencia del ministro de Defensa, Julián García Vargas. El portavoz del PSOE, Joaquín Almunia, rechazó la comparecencia de Serra porque "el responsable del Cesid" es el ministro de Defena. El fiscal general del Estado, Carlos Granados, anunció que inervendrá si llega a la conclusión te que ha habido delito.

La nota de Defensa argumenta que entre las competencias del Ceid figura obtener y evaluar información "para prevenir cualquier amenaza exterior, neutralizaraciones anticonstitucionales o impedir actividades de los servicios de inteligencia extranjeros". Uno de los campos para obtener información, agrega, "es el espacio raioelectrónico" utilizado por la telefonía móvil, los enlaces de radio o radiomarítimos.

Estas vías de comunicación, según Defensa, son empleadas por servicios de información hostiles, narcotraficantes o terroristas". Las escuchas se realizaban con instalaciones automáticas. "Nunca ha existido el propósito de estar a las personas que se citan en información", asegura Defensa. Zuando se haya obtenido por zar una emisión por telefonía móvil de personas conocidas, incuidas altas autoridades del Estado, nunca ha existido utilización de las infórmaciones recogidas".

Defensa añade que las "captaciones" realizadas en el "espacio díoelectrónico" permitieron derticular operaciones de servicios infórmación extranjeros y de traficos ilícitos. Otro beneficio de.,ado de las escuchas, según el departamento de García Vargas, de "alertar a personalidades" sobre la utilización de los teléfonos áviles "sin precauciones".

Estos medios, según la nota, no in ni costosos ni sofisticados, se podían adquirir libremente en el mercado y disponen de ellos desde Jioaficionados e investigadores ivados hasta terroristas y narcotraficantes. Las advertencias del Cesid, según Defensa, "han creado una conciencia de seguridad que antes no existía".

La nota no afirma expresamente que estas escuchas sin autorización judicial hayan cesado, aunque asegura que tras la entrada en vigor en 1994 de una nueva legislación "el Cesid ha replanteado su actividad de exploración del espacio radioeléctrico". También ha promovido reformas legales para prevenir escuchas ilegales "con el fin de que ni el Estado ni los ciudadanos queden indefensos ante las nuevas tecriologías".

El ministro de Exteriores, Javier Solana, declaró que "en términos generales" no es partidario de espiar a periodistas, aunque subrayó que algunos informadores han entrevistado a prófugos de la justicia y se han negado a revelar su paradero. Solana se quejó de que "las informaciones de los servicios de seguridad del Estado" estén en los diarios.

El secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, anunció ayer que su grupo parlamentario ha pedido la comparecencia urgente de Serra ante el pleno del Congreso. Según el PP, aunque el Cesid mantiene una dependencia directa de la Presidencia del Gobierno, es Serra quien reformó el servicio secreto desde Defensa y ha mantenido un control directo sobre el mismo.

Álvarez Cascos señaló que la petición de comparecencia de Serra "no excluye responsabilidades" del jefe del Ejecutivo, Felípe González, e instó al fiscal general del Estado, Carlos Granados, a actuar de oficio en la investigación de responsabilidades penales por operaciones "que vulneran claramente la protección constitucional del secreto de las comunicaciones". IU-IC también quiere la comparecencia de Serra, pero ante la comisión parlamentaria restringida de asuntos secretos. Para presentar la solicitud, negociaba ayer con otros grupos parlamentarios.