Las penas para el robo y el hurto se suavizan en el proyecto de Código Penal

El Grupo Socialista, con el apoyo de IU, rebajó ayer las previsiones de penas que el proyecto de Código Penal establecía para los delitos de hurto y de robo en sus distintas modalidades. Carmen del Campo, portavoz socialista, argumentó que, tras una reflexión, habían llegado a la conclusión de que el proyecto agravaba las penas que están vigentes en la actualidad.Del Campo dijo que habían sido sensibles a las preocupaciones que en el debate en la ponencia habían expresado el portavoz popular Federico Trillo, y el de IU-IC, Diego López Garrido, y aceptaban que tenía fundamento el temor expresado por ambos de que pudiera producirse una "exacerbación punitiva". La pena mínima para el hurto es de seis meses, y la máxima para el robo con violencia, de cinco años.

La comisión de Justicia e Interior del Congreso prosiguió ayer tarde el debate del nuevo Código Penal y debatió también el título XI del nuevo código, dedicado a los delitos contra las relaciones familiares. Diego López Garrido, en nombre de IU-IC, defendió la necesidad de que se penalizase no sólo el dejar de pagar las prestaciones económicas que se hayan establecido en favor de un cónyuge o de los hijos de un matrimonio separado o divorciado, sino, además, que se castigase a quien "incumpliere manifiesta y reiteradamente el régimen de visitas establecido".

López Garrido argumentó que el incumplimiento de esta obligación produce efectos tan graves como desatender el pago de las prestaciones.

Emilio Olabarría (PNV) se adhirió a esta posición y dijo que el cumplimiento de la obligación de las visitas tiene una "naturaleza simétrica a los pagos".

La portavoz socialista, Del Campo, sin cerrar todas las posibilidades de aceptar la enmienda, argumentó que iban a votar en contra, en la comisión, porque una iniciativa similar se retiró del proyecto anterior de Código Penal por acuerdo de varios grupos. En cualquier caso, dijo Del Campo, "no estamos en condiciones de aceptarla sin una reflexión posterior".

Julio Padilla, en nombre del PP, pretendió sin éxito introducir un nuevo artículo en el proyecto para castigar aquellas conductas que supongan el no pedir la declaración de incapacidad de una persona para lucrarse o para perjudicar a terceros. El debate fue largo, pero prevaleció la posición socialista, según la cual en muchos casos no se solicita la declaración de incapacidad de un familiar "por motivos de cariño, aunque sea mal entendido".