¿Realismo o demagogia?

La Generalitat de Cataluña ha manifestado recientemente, a través de su consejero de Industria y Energía, su oposición a aspectos fundamentales del proyecto de ley de telecomunicaciones por cable. Tal hecho no puede haber sorprendido a nadie, puesto que era conocido que la tramitación de ese proyecto estaba paralizada debido a la oposición del Grupo Parlamentario Catalán. Lo que se pretendía con aquella manifestación era explicar los motivos del desacuerdo, que el Ministerio de Obras Públicas (MOPTMA) conocía de primera mano a través de reuniones con su Secretaría General de Comunicaciones.Sin embargo, después de la publicación en este diario de dos artículos firmados por el titular de aquella Secretaría General, Elena Salgado [EL PAÍS, 11 y 12 de mayo]) podría llegarse a pensar que los motivos de la Generalitat son una mezcla Je oportunismo político y ambición trasnochada. Por tanto, parece necesario hacer un nuevo esfuerzo por explicarlos.

En el mundo occidental se ha creado un consenso en el sentido de que es necesario introducir la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Para que esa competencia exista es necesario que al menos un segundo operador concentre una masa suficiente de recursos que le permita compensar la potencia del primero. La red capilar es, sin duda, la mayor barrera de entrada para este competidor y es por tanto vital que pueda acceder al domicilio del particular mediante otra red alternativa. En todo esto estamos completamente de acuerdo el MOPTMA y nosotros.

¿Dónde radica, pues, el desacuerdo?

Sencillamente, en la manera de regular el acceso de ese segundo operador al mercado de telecomunicaciones por cable. Para el MOFITMA, parece como si el proyecto de ley constituyera el único texto posible que pueda permitir la aparición de ese segundo operador potente.

Recordemos que el proyecto de ley prevé que el MOPTMA divida España en demarcaciones municipales y que convoque concursos para otorgar en régimen de concesión administrativa licencias para la creación y explotación de redes capilares.

La Generalitat cree que este mecanismo no es el adecuado para dar respuesta a los objetivos que compartimos, y ello por dos motivos fundamentales.

Al plantearse las redes divididas en unidades municipales, sólo serán cableadas aquellas que tengan un volumen lo suficientemente grande como para que su explotación sea rentable.

Es cierto que el proyecto de ley prevé que los municipios pequeños puedan agruparse, pero esta agrupación, que es costosa porque requiere la conexión de núcleos alejados, no siempre es viable económicamente.

La Generalitat ha elaborado un mapa de lo que previsiblemente sería cableado en Cataluña. En síntesis puede decirse que Cataluña queda dividida en dos mitades, la más cercana a la costa con cable y la más alejada de ella sin cable. Este resultado separaría las posibilidades de desarrollo de unos territorios ya hoy desequilibrados. No sabemos con certeza qué puede pasar en otras partes de España, pero es muy probable que se den situaciones similares.

¿Es posible evitar este resultado?

Si el cableado se realizara en estricto régimen de libertad de empresa no habría manera de inducir el capital privado a cablear zonas menos atractivas, pero precisamente el proyecto de ley establece el mecanismo de la concesión por demarcaciones. No hay ninguna razón técnica o económica que obligue a que estas demarcaciones sean necesariamente coincidentes con un municipio o un grupo de municipios. ¿Es posible pensar en demarcaciones más grandes donde se compensen unas zonas más atractivas económicamente con otras que no lo sean tanto?

Nosotros estamos firmemente convencidos de que sí. Hemos calculado que municipio a municipio sólo un 75% de la población catalana sería cableada; más allá de este límite, el cableado no es rentable, ni municipio a municipio, ni agrupadamente. Por el contrario, concentrado en una sola unidad sería rentable cablear hasta el 90% de la población catalana, cubriendo las capitales de todas sus comarcas. Elena Salgado afirma que olvidamos que esa mayor cobertura requiere unas inversiones importantísimas. No ignoramos este factor, pero lo relevante es saber si la población adicionada -un millón de personas en el caso catalán- compensa la inversión. Nuestros cálculos nos indican que sí, y ello por una razón muy sencilla: porque el coste de conexión entre municipios es pequeño en relación con el coste de la red capilar.

No sucede lo mismo, por ejemplo, en el caso del gas, guya canalización tiene un coste mucho mayor por kilómetro.

Desgraciadamente no es factible la universalidad de las redes de banda ancha, pero ello no debe ser obstáculo para que los poderes públicos utilicemos el arma de la concesión administrativa para lo único que la justifica: la obtención de objetivos de interés social compatibles con la rentabilidad privada. ¿No estábamos de acuerdo en que el segundo operador tenía que tener suficiente masa crítica? Pues precisamente no es posible obtener esa masa crítica desde la explotación de redes municipales cuya conexión con el exterior tiene que pasar por un operador de la competencia.

Además, de lo que se trata no es de extender cable, sino de algo mucho más ambicioso y mucho más caro: crear una red de telecomunicaciones interactiva de banda ancha. Ello quiere decir que los servicios más importantes que deben prestar esas redes son comunicaciones entre diversos abonados, la mayor parte de las veces en municipios diferentes.

Si el concesionario queda circunscrito al ámbito municipal, difícilmente podrá ofrecer telecomunicaciones de la envergadura que sus hipotéticos clientes desearían. La existencia en la actualidad de redes privadas no debería inducirnos a error: se trata de redes de difusión (concretamente, de difusión de TV por cable), no interactivas. Lo más probable es que la fragmentación induzca a la creación de redes de televisión por cable, no a redes interactivas.

Esta última afirmación no se basa en una simple intuición. El MOPTMA puede llegar exactamente a la misma conclusión con sólo fijarse en los flujos de inversiones, gastos e ingresos que el propio ministerio ha calculado y que acompañan al proyecto de ley en su memoria técnica. Según estas previsiones el rendimiento de las inversiones es inferior al 5%. ¿Es razonable pensar que alguien va a ejecutar inversiones de magnitud enorme con estas previsiones de beneficios? No, lo que va a pasar es que o sólo se van a explotar los mayores municipios, o las inversiones van a reducirse.

La Generalitat cree que las redes de los segundos operadores deben ser mayores si queremos que tengan la masa crítica necesaria para que realmente exista competencia en el mercado de las telecomunicaciones y para que se ofrezcan auténticos servicios modernos: interactivos y en banda ancha. Aquí puede aducirse que el modelo británico, muy similar al que propone el MOPTMA, está precisamente en entredicho por este motivo, y que se está procediendo a una concentración de operadores para formar "regiones" mucho más amplias. El modelo alemán, aún un proyecto, apunta a la creación de operadores regionales.

La Generalitat propone que las demarcaciones coincidan con el territorio de las Comunidades Autónomas. No hay razón técnica que exija precisamente este tamaño, pero se trata de territorios que, al igual que los municipios, tienen una entidad política y no deben ser reinventados. En el caso catalán, además, existe una razón de tipo cultural: la conveniencia de concentrar el público potencial de programación en lengua catalana. ¿Podría pensarse en demarcaciones aún mayores? No hay duda de que sí, pero en nuestro caso la envergadura es suficiente: téngase en cuenta que el mercado catalán de telecomunicaciones es mayor que el portugués o el griego. En cualquier caso, lo que es seguro es que la demarcación municipal es un error. El proyecto de ley de telecomunicaciones por cable es un proyecto importante y por eso es importante que todos reflexionemos suficientemente sobre él. Nos tememos que su presentación al Congreso de los Diputados ha sido un tanto precipitada: basta una lectura superficial de la memoria que acompaña al proyecto para detectar contradicciones flagrantes entre el uno y la otra.

Por otra parte, el tiempo se echa encima, y es por ese motivo que la Generalitat está decidida a promover la realización de un proyecto de tanta trascendencia. Pero precisamente porque consideramos que nuestras posiciones son razonables estamos firmemente convencidos de la posibilidad de que, a través de una discusión serena, sean comprendidas y compartidas por muchos otros.