De la Rosa estafó y engañó a la Generalitat en el uso del aval a Tibigardens, según el juez

El juez Joaquín Aguirre, instructor del caso De la Rosa, considera que el financiero engañó y estafó a la Generalitat con el uso irregular de 1.000 millones de pesetas del aval concedido por la administración autonómica a Tibigardens, la empresa constructora de Port Aventura.El juez dictó ayer un auto en el que desestima archivar las actuaciones contra Miguel Soler, asesor de Javier de la Rosa que firmó los pagarés con los que el financiero consiguió que los 1.000 millones avalados garantizaran préstamos a empresas ajenas al parque. El auto recoge que "al destinarse los 1.000 millones a una finalidad distinta de la legal (se) realizó un acto de disposición en beneficio de los intereses de Javier de la Rosa, lo cual encaja en el tipo penal de estafa contemplado en el artículo 528 del Código Penal".

Como viene siendo habitual el financiero reaccionó de forma inmediata a la decisión del juez y señaló su intención de recurrir el auto. En declaraciones a Efe afirmó que el juez "no ha profundizado en la instrucción de este tenía" y agregó que el dinero se "utilizó para pagar las obras de acuerdo con el contrato" por el que la Generalitat concedió el aval.

Asimismo, De la Rosa arremetió contra su cuñado, Alfons Maristany, quien ocupó la presidencia de Tibigardens, hasta la primavera de 1994. El financiero acusó a Maristany de haber forzado la firma de los mencionados pagarés al negarse a dimitir y exigir 200 millones de pesetas para "ingresar en un paraíso fiscal".

El financiero, que fue encarcelado por sus responsabilidades en la crisis de Grand Tibidabo, agregó que estudia presentar una reclamación contra la administración de justicia.