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28 MAYO

El PP se declara abierto a pactos "con todos", pero con la meta de debilitar al máximo al PSOE

"Hace cuatro años apenas podíamos pactar con nadie. Hoy el PP es casi el único que puede pactar con todos los demás". La frase, de Mariano Rajoy, vicesecretario general y responsable de cuestiones municipales y autonómicas, pretende destacar el "papel central" que su partido quiere desempeñar, siempre con el objetivo prioritario de debilitar al PSOE. Baste un ejemplo. Tiene la llave de la mayoría en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), donde la alcaldesa socialista, Manuela de Madre, y el ex alcalde de IU, el sacerdote Lluís Hernández, han empatado a 12 concejales.

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¿Pueden los populares con sus dos concejales (por solo uno de CiU) aupar a la alcaldía a un cura rojo? De momento, no han olvidado que la alcaldesa llevó a su ciudad. en plena campaña a los ministros Juan Alberto Belloch y José Borrell para "dar leña" a José María Aznar.El hilo conductor de los acuerdos que van a buscar es el máximo debilitamiento posible del PSOE. Tienen asegurada con mayoría absoluta cinco comunidades autónomas, 32 capitales de provincia y 20 diputaciones. El resto dependerá de los pactos.

Los primeros aliados naturales son los regionalistas. La posición de partida de Génova, 13, la sede central, es que deben buscarse los acuerdos "dentro de lo razonable" y excluirse los "regalos" desproporcionados a partidos minoritarios, por mucho que su papel pueda resultar decisivo, aún a costa de ir a la oposición en algún caso.

Para el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza los primeros tanteos se dirigen al Partido Aragonés (Par). Los regionalistas pueden tener la tentación de intentar otras mayorías en dirección al PSOE a cambio de hacerse con la presidencia regional, pero los populares calculan que les resultará complicado entenderse con el partido que les desalojé del Ejecutivo autonómico para sustituirles por el hoy procesado José Marco (PSOE).

Para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana no necesita coaligarse con los cinco diputados de Unión Valenciana, pero intentará conseguir un acuerdo con ellos para garantizar la máxima estabilidad. En ninguno de los casos el PP aceptará "condiciones abusivas".

Complicacíón en Navarra

La situación es más complicada en Navarra. El partido hermano, Unión del Pueblo Navarro (17 escaños de 50), podría encontrar una mayoría holgada con Convergencia de Demócratas Navarros (10 diputados), la formación improvisada por Juan Cruz Alli al quedar descabalgado de la candidatura del primero. Pero UPN prefiere buscar el acuerdo con el PSOE para dejar fuera de juego al hermano separado. Otra combinación posible, si los socialistas apuestan por alejar del Gobierno foral a UPN y ofrecen la presidencia a Alli, sería CDN con el PSOE, pero necesitaría el difícil concurso de IU (5 escaños) para amarrar la mayoría absoluta.

Los pactos resultarán decisivos en Canarias, donde los nacionalistas de Coalición Canaria han ganado, pero necesitan el concurso del PP (segundo partido) o del PSOE (tercero) para gobernar. Los dos que pacten pueden excluir de todo centro de poder al tercero, con la excepción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde los populares se han alzado con la mayoría absoluta.

En Génova, 13 se hubiera aceptado en el caso del archipiélago una negociación con los socialistas para desplazar a Coalición Canaria, con el convencimiento de que este conglomerado de fuerzas insulares no soportaría a medio plazo el alejamiento del poder.

Esta opción, que defendía el secretario del PSOE canario y ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, no tiene visos de prosperar. Los populares dan por hecho un acuerdo Coalición Canaria-PSOE, que ayer por la tarde confirmaron los primeros, aunque todavía sin carácter oficial.

Exclusión de Hormaechea

En Cantabria, los populares van a intentar gobernar con el Partido Regionalista de Cantabria, de Miguel Ángel Revilla, que ha pasado de dos a seis escaños. Sumados a los 13 del PP, quedarían a uno, de la mayoría absoluta. Matemáticamente, un tripartito del PSOE (10 escaños) con el PRC e IU conseguiría el mismo número. Nadie se plantea un pacto con la UPCA de Juan Hormaechea, que al PP le garantizaría la mayoría absoluta.

Las posibilidades se complican mucho más en las ciudades. De momento, lo único claro es que el PP, después de quedar en primer lugar, no quiere ceder Sevilla al andalucista Alejandro Rojas Marcos, aún a costa de perderla a manos de un pacto de éste con el socialista José Rodríguez de la Borbolla.

Lo demás está abierto y el PP se prepara a hacer de tripas corazón y buscar entendimientos con quien sea posible. Incluido Eladio Portela, el líder de Pontevedra Unida, una candidatura que ha conseguido en la ciudad gallega dos concejales necesarios para la mayoría absoluta. Portela, según el PP, ha mandado ya un mensaje a través de los periódicos: él es el Jordi Pujol de Pontevedra.

Los populares estudiarán vías de financiación autonómica distintas al 15%

, El Partido Popular se prepara para una reflexión, que puede ser definitiva, sobre la corresponsabilidad fiscal con el Estado y la financiación autonómica. Su dirección calcula que Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat de cataluña y principal animador de este frente, está obligado a entenderse a partir de ahora con José María Aznar y éste deberá, a su vez, buscar una solución aceptable para ambas partes.

Los populares tendrán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera 9 o 10 consejeros, en representación de otras tantas comunidades autónomas, sobre un total de 17. Y, aunque el consejo es un órgano paritario donde el Gobierno ocupa la mitad de los asientos, creen que no será posible sellar ningún pacto en contra de nueve comunidades autónomas y con una razonable previsión de cambio de Gobierno en el horizonte.

El acuerdo de cesión del 15% del IRPF, una de las principales conquistas de Pujol en esta legislatura, dura dos años. Expira el 31 de diciembre del año próximo. Después del verano debe comenzar a negociarse un plan quinquenal, 1997-2002, del que dependerá la salud financiera y las posibilidades inversoras de los gobiernos autónomos.

El PP no aceptó la cesión del 15%. Aseguró que beneficiaba a unas comunidades en beneficio de otras y que no introducía una "verdadera" corresponsabilidad fiscal. La Xunta de Galicia, incluso, lo recurrió ante el Tribunal Constitucional.

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