Un albañil factura miles de millones en obras de la Xunta y municipios del PP
Construcciones Taboada y Ramos, una sociedad limitada constituida por un albañil, Manuel Taboada Gómez, y su esposa Elisa Ramos Valiñas, con un millón de capital, ha facturado en seis años miles de millones por obras de la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra y varios ayuntamientos gallegos gobernados por el PP. Sólo en 1993, aunque disponía únicamente de seis trabajadores fijos, su volumen de negocio fue de 858 millones. "A pesar de la crisis económica, las previsiones son optimistas", aseguraba Taboada en su informe de ese año. La empresa tiene su sede en Silleda (Pontevedra) y opera en Lalín, donde vive Xosé Cuiña, presidente de la Diputación hasta 1990 Y consejero de Obras Públicas desde entonces.
Manuel Taboada, de 44 años, y Elisa Ramos constituyeron la firma en 1988. Él aportó 800.000 pesetas; ella, 200.000. Hasta ese momento Taboada era un albañil autónomo. En las elecciones municipales de 1987 formó parte de la candidatura de Alianza Popular en Silleda, a 10 kilómetros de Lalín, y fue nombrado concejal de Obras. Cuando Cuiña dio el salto desde la alcaldía de Lalín a la, Diputación, Taboada dimitió de su cargo y su empresa emprendió un galopante crecimiento. En 1993 facturó 858,3 millones, el 63,15% más que en 1992."Llevamos tres o cuatro años facturando 800 millones. Antes estábamos en 400 y 500", declaró a este periódico Taboada, quien atribuyó esta ventura al fruto de "22 años de trabajo". Asimismo, descartó que se deba a sus vinculaciones partidarias -"hace siete años que dejé la política"- y a la amistad con Cuiña - "les han informado mal si lo que pretenden es relacionar mi empresa con él: hace mucho que no le veo"-.
Taboada ha logrado contratas de la consejería de Obras Públicas para construir carreteras, abastecimientos de aguas a municipios y los polígonos industriales de Silleda y Lalín, ambos con otras empresas. El parque de Lalín es un hito para él: también fue una de las primeras sociedades en adquirir una parcela y está edificando allí, por encargo de la Xunta, un centro comarcal de exposiciones.
No pudo precisar Taboada qué porcentaje de sus negocios parte de obras promovidas por la Administración, "aunque debe de rondar el 60%". Además de la Xunta y la Diputación, su constructora trabaja para los ayuntamientos, de Lalín, Forcarei, Silleda, Cruces y Golada, todos gobernados por el PP. También negó haber obtenido contratos por adjudicación directa, pero este diario ha podido comprobar que al menos 38 millones de su facturación en 1993 tienen ese origen.
El informe de la auditoría realizado en Taboada y Ramos por la firma Deloitte & Touche en 1993 indica: "El saldo de deudores corresponde casi íntegramente a facturaciones emitidas por obras contratadas con las administraciones públicas de las que no hemos recibido contestación a nuestra circularización".
La auditora constató que la empresa "no tiene establecido un sistema de control interno que pueda asegurar que todas las operaciones realizadas por la misma tengan su reflejo en los registros contables". Ante estas circunstancias, concluyó: "No hemos podido obtener evidencia suficiente sobre los saldos de existencias, deudores y anticipos por pedidos recibidos y, en consecuencia, sobre la razonabilidad de los importes satisfechos por los impuestos a los que está sujeta la sociedad y de los resultados de la misma".
Lo que sí revelan las cuentas es que de 1992 a 1993 aumentó el volumen de negocio en un 63,15%, pero se mantuvo una plantilla ole seis trabajadores y se recortó el personal eventual de 54 a 42.
Cuiña asegura que apenas ha tratado a Taboada y atribuye su éxito a la política general de la Xunta de potenciar la actividad de las empresas en las comarcas donde están radicadas. Como ejemplo de su gestión, Cuiña destaca la progresiva tendencia a la baja en los precios de adjudicaciones de obras, que en 1993 fueron inferiores en un 20 % a la cantidad fijada inicialmente por la Administración. En todo caso, el consejero no participa directamente en los concursos y ha hecho firmar a su directores generales una declaración en la que le esimen de responsabilidad en el reparto de contratas.
